Juan Carlos Cal y Mayor
Las reformas electorales no son simples ajustes administrativos. En cualquier democracia constituyen el núcleo del sistema político, porque determinan quién organiza las elecciones, quién vigila su limpieza y bajo qué reglas compiten quienes aspiran al poder. Por eso, cuando un gobierno impulsa cambios a las reglas del juego electoral, la pregunta inevitable no es si puede hacerlo —porque formalmente puede— sino si esas modificaciones fortalecen o debilitan las garantías democráticas.
México no es una isla institucional. Forma parte de un entramado internacional de compromisos democráticos. Entre ellos destaca la Carta Democrática Interamericana, adoptada en 2001 por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos tras una larga historia latinoamericana marcada por golpes de Estado y regresiones autoritarias. Este instrumento establece principios claros sobre lo que constituye una democracia auténtica en el hemisferio.
UN COMPROMISO QUE TRASCIENDE FRONTERAS
Cuando México suscribió la Carta Democrática asumió obligaciones políticas y jurídicas. No se trataba de un gesto simbólico, sino de la aceptación de estándares mínimos que todos los países del continente debían respetar para preservar la legitimidad de sus sistemas políticos. La democracia dejó de ser únicamente un asunto interno para convertirse también en un compromiso hemisférico.
OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS
Existe además un aspecto jurídico que suele pasar desapercibido en el debate público. Los compromisos internacionales asumidos por México en materia democrática no son simples declaraciones políticas: tienen naturaleza de tratado internacional. De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución mexicana, los tratados celebrados por el Estado y aprobados por el Senado forman parte de la Ley Suprema de la Unión, lo que les confiere obligatoriedad constitucional. En consecuencia, los principios democráticos establecidos en el sistema interamericano —como los contenidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos— no son meras recomendaciones diplomáticas: constituyen compromisos jurídicos que el Estado mexicano está obligado a respetar y garantizar.
LOS ESTÁNDARES DEMOCRÁTICOS INTERAMERICANOS
El artículo 3 de la Carta Democrática señala que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen elecciones libres y justas, el pluralismo político y la separación e independencia de los poderes públicos. No se trata de conceptos retóricos: son condiciones institucionales indispensables para que el voto de los ciudadanos tenga un significado real.
EL ÁRBITRO ELECTORAL
El artículo 4 va aún más lejos al subrayar que la democracia requiere instituciones transparentes y autoridades electorales imparciales. Dicho de otro modo: la organización de las elecciones no puede quedar subordinada al poder político que compite en ellas. El árbitro debe ser independiente precisamente para garantizar que las reglas del juego no se manipulen desde el gobierno.
En las democracias consolidadas, el árbitro electoral es una institución incómoda para todos los partidos, incluido el gobierno. Esa incomodidad es precisamente la prueba de su utilidad.
EL VOTO BAJO LA SOMBRA DE LAS BALAS
En México la discusión sobre el blindaje electoral frente al crimen organizado no es una abstracción académica. Es una realidad sangrienta. El proceso electoral de 2023-2024 fue considerado el más violento de la historia reciente del país. Diversos recuentos documentaron más de 300 ataques contra actores políticos, entre amenazas, atentados y agresiones durante el año previo a la jornada electoral.
Las cifras más dramáticas son las de los asesinatos. Distintos informes registraron al menos 37 candidatos asesinados durante el proceso electoral, además de decenas de aspirantes y funcionarios políticos que fueron víctimas de atentados o agresiones armadas. Nunca antes una contienda democrática en México había estado marcada por un nivel de violencia semejante.
UNA VIOLENCIA SIN COLOR PARTIDISTA
Pero el dato más inquietante es que la violencia no distinguió partidos. Entre las víctimas hubo aspirantes de todas las fuerzas políticas, incluyendo candidatos del propio partido gobernante, lo que demuestra que el crimen organizado no actúa por afinidad ideológica sino por control territorial y captura de gobiernos locales.
En regiones donde los grupos criminales deciden quién puede competir, quién debe retirarse o quién simplemente es eliminado, el voto deja de ser libre. La democracia se convierte entonces en una simulación administrada bajo la presión de las armas.
DEBILITAR LOS DIQUES INSTITUCIONALES
En ese contexto, cualquier reforma electoral debe responder a una pregunta elemental: ¿fortalece o debilita los mecanismos que protegen al proceso democrático frente a la intimidación criminal?
Porque cuando las instituciones encargadas de vigilar las elecciones pierden independencia o capacidad de actuación, los diques que contienen la presión política y criminal comienzan a resquebrajarse.
UNA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
Si una reforma electoral altera las condiciones de independencia del árbitro o reduce las salvaguardas institucionales del proceso electoral, el problema deja de ser únicamente doméstico. México ha asumido compromisos internacionales que obligan al Estado a preservar estándares mínimos de democracia representativa.
LA HORA DE ACTUAR
Por esa razón ha llegado el momento de que la oposición mexicana deje de limitar su crítica al debate interno y recurra también a los mecanismos institucionales del sistema interamericano. La propia Carta Democrática prevé que los Estados miembros puedan plantear ante la OEA situaciones que afecten el orden democrático en un país.
Una denuncia formal abriría un caso de evaluación política internacional.
Paralelamente, podría acudirse al sistema interamericano de derechos humanos alegando posibles afectaciones a los derechos políticos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones auténticas y libres.
UNA ADVERTENCIA PARA LA DEMOCRACIA
Las democracias modernas no se sostienen únicamente por la buena voluntad de los gobiernos. Se sostienen por instituciones, contrapesos y reglas que limitan el poder. Cuando esas reglas se debilitan, el problema deja de ser una disputa partidista para convertirse en un asunto de interés democrático continental.
México, que durante décadas fue referente de construcción institucional electoral en América Latina, haría bien en recordar que las reglas de la democracia no son patrimonio de ningún gobierno. Son garantías de todos los ciudadanos. Y cuando esas garantías se ponen en riesgo, también existe la obligación de defenderlas incluso más allá de nuestras propias fronteras.
