*Los casos de México y Chiapas
Manuel Ruiseñor Liévano
Sabido es por especialistas y personeros del gobierno en el ramo, que el tema de la INFORMALIDAD LABORAL es en esencia una limitante del acceso efectivo al trabajo, que deben de tener las y los asalariados acorde con lo dispuesto en la Carta Magna de este país.
Es una restricción severa del derecho al trabajo, porque limita el goce de prerrogativas fundamentales como contratos, prestaciones y seguridad social, que el Estado bien podría proporcionar.
A todo esto, valga la pena añadir que por sí mismos los empleos informales significan ingresos bajos e inestables, lo cual puede aumentar la pobreza laboral, tal y como lo han señalado estudios del BBVA Research.
De ahí que no resulte extraño que los altos y persistentes niveles de informalidad laboral, sigan siendo una de las principales fallas estructurales de nuestra economía.
Históricamente, las personas con un empleo informal han sido la mayoría de la población ocupada, un hecho el cual trasciende en que a la fecha más de la mitad de las personas trabajadoras de la nación, no cuenten con seguridad social o protección legal e institucional correspondiente a lo que laboran. Además, de que se enfrentan a un estigma constante que, en realidad, está basado en prejuicios e imprecisiones.
Para entrar en materia sobre el áspero y desastroso tema de la INFORMALIDAD LABORAL, por igual tendría que decirse que, más allá de no ser un concepto monolítico o una situación homogénea, tampoco lo ha sido producto de un privilegio o el resultado de una decisión individual.
En México y debe quedar claro, la informalidad laboral está presente en el todas las actividades y sectores de la economía.
CONSECUENCIAS DE LA INFORMALIDAD
Sin embargo, lo grave del caso es que se trata de una situación que termina afectando en mayor medida a los grupos vulnerables de la población como los que representan las mujeres, las personas con más hijos, las personas con baja escolaridad, las localidades pequeñas, a quienes trabajan por cuenta propia, a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la región centro y sur del país. Y, por supuesto, a entidades federativas como Chiapas, agudizando fenómenos sociales como la exclusión y la inequidad.
Entre otras consecuencias que la informalidad arroja, está el hecho de que en promedio las personas ganen la mitad de quienes cuentan con un empleo formal. A fin de poner en contexto lo señalado, debe acotarse que estos ingresos apenas alcanzan para adquirir 1.5 canastas básicas en contextos urbanos.
Todo lo cual, limita la estabilidad de ingresos, la movilidad social y perpetúa la pobreza, otro de los males endémicos de nuestro país.
A nivel macroeconómico, sabido es por propios y extraños que a menor recaudación fiscal, el Estado no obtiene los ingresos necesarios para invertir en servicios públicos, programas sociales e infraestructura.
A manera de resumen, la informalidad laboral está asociada con:
1)Baja productividad, lo cual frena el desarrollo económico del país.
2)Desigualdad social porque aumenta las brechas existentes y puede llevar a la inseguridad y violencia.
3)Menor crecimiento económico: La falta de productividad y la baja inversión en el sector formal limitan el potencial de crecimiento de la economía.
3)Mayor pobreza: La informalidad laboral está relacionada con una mayor probabilidad de vivir en la pobreza y perpetúa ese ciclo a través de generaciones.
4)Menor impacto del Estado: Toda vez que el Estado tiene menos capacidad para influir en el crecimiento económico e implementar políticas públicas efectivas.
LOS DATOS DUROS
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INOE) del INEGI, correspondiente al primer trimestre de esta 2025, la tasa de informalidad laboral en Chiapas llegó al 76 por ciento de los 2. 2 millones de chiapanecos económicamente activos.
Un indicador alarmante que explica en buena medida el por qué Chiapas no crece económicamente década tras década. Baste señalar que a nivel nacional la tasa de informalidad laboral alcanzó el 51.6 por ciento de la población ocupada en junio de este 2025, el nivel más alto desde el año 2021.
A nivel nacional hablamos de 34.1 millones de mexicanos y a nivel de Chiapas de 1 millón 712 millones 326 chiapanecos, a los que la informalidad excluye del goce de los beneficios del Estado en materia laboral.
A MODO DE COLOFÓN
De ahí que, si de responder a la cuestión del por qué ni México y mucho menos Chiapas crecen como se quisiera para hacer sostenible su desarrollo, deba de tomarse en cuenta la informalidad laboral prevaleciente. Un cáncer de las economías nacional y estatal, el cual debe atenderse de manera urgente y determinada. Lo demás, son discursos celebratorios al uso, como el del 1 de septiembre pasado, donde se habla de un país que no existe.
En México y en esta tierra chiapaneca, bajo ningún concepto podemos seguir hacienda de cuenta que la informalidad no lastra el avance económico y el desarrollo social, porque lo hace de manera ofensiva en torno a un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mientras este mal endémico no se combata con voluntad de gobierno y de los sectores empresariales, productivos y de servicios, así como con acciones efectivas de política pública, difícilmente llegaremos a un estatus de viabilidad y sostenibilidad económica. Urge crecer y hacerlo ya.
Ni qué decir de la discusión sobre la semana laboral de 40 horas, que se sigue debatiendo en el Congreso federal. “Pa’ qué pictes”, Gervasio Grajales dixit.
