RODULFO REYES
En poco menos de un año, el régimen tabasqueño de la llamada ‘Cuarta trasformación’ se ha dejado sentir con toda la fuerza de su estructura contra el Revolucionario Institucional, mientras le da ‘gracia’ a la anterior administración perredista de Arturo Núñez Jiménez.
La primera baja de la ofensiva del gobierno morenista contra el PRI fue la delegada de Linconsa, Edith Villarreal Ugarte, quien ha presentado su renuncia al cargo, luego de que la semana pasada fuera denunciada penalmente junto al exdelegado de Sedesol, Raúl Cabrera Pascasio, por presuntamente condicionar la entrega de programas sociales de la federación a cambio de beneficios electorales y hacer proselitismo.
Lo raro de este asunto es que no estamos en tiempos electorales, y uno de los inculpados es esposo de la diputada priísta Ingrid Rosas Pantoja, quien encabeza una lucha contra la 4T en el poder Legislativo, donde ha pedido una auditoría para la presidenta de la Gran Comisión del Congreso local, la morenista Beatriz Milland Pérez, quien es cuñada del coordinador de Asuntos Jurídicos del estado, Guillermo del Rivero León.
El lunes pasado que acudió a la Fiscalía General del estado, el funcionario afirmó que la querella la presentaba “por instrucciones” del gobernador Adán Augusto López Hernández.
Expuso que contaba con audios y video recabados en Centro y Teapa, entre otros municipios, como evidencia de los delitos imputados.
La existencia de esas presuntas pruebas sugiere que la administración usó los recursos con que cuenta para espiar a los supuestos infractores para “grabarlos”.
Del Rivero León no se anduvo por las ramas y, a nombre de su jefe, le pidió a Ignacio Valle Fernández, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), de la que depende Liconsa, la cabeza de Villarreal Ugarte.
También a nombre de su jefe, el coordinador jurídico les llamó “criminales electorales” a los denunciados.
No ha sido el mismo trato que la gestión de López Hernández le ha dado al exgobernador Arturo Núñez Jiménez y a su esposa Martha Lilia López Aguilera, quien también se encuentra denunciada ante la FGE por las irregularidades administrativas que habrían cometido en el sexenio anterior.
Cuando le han preguntado sobre el quebranto encontrado y que él mismo ha denunciado, el mandatario no se ha atrevido a hacer señalamientos en contra de Núñez con el argumento de que no quiere violar el debido proceso.
En cambio, el 11 de octubre dijo en Nacajuca que aquellos que saquearon ese municipio pagarán las consecuencias.
En la comarca Chontal prometió que se le hará justicia a los nacajuquenses. “Desafortunadamente Nacajuca es de los municipios más olvidados y más marginados del estado, sucede que lo han saqueado reiteradamente, administración tras administración; a lo mejor no podemos encomendar todo, pero sí les digo que se va a hacer justicia para Nacajuca, (pues) quienes saquearon, van a tener que pagar las consecuencias”, manifestó.
Las acciones legales contra los Núñez y sus colaboradores, así como las condenas públicas contra la pasada administración perredista, no se han visto. La única muestra de “dureza” del gobierno de la 4T ha sido contra el Revolucionario Institucional, concretamente contra el ala tricolor que osó acorralar a la legisladora Milland, que en los hechos se encuentra convertida en una servidora pública amurallada, intocable.
¿La ‘gracia ’a Núñez es porque ha sido el primer mandatario tabasqueño surgido de la izquierda?
