Edgar Hernández Ramírez
La propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha destapado la primera grieta significativa en la coalición gobernante. Lo que en apariencia es un ejercicio de austeridad republicana –reducción del financiamiento a partidos y eliminación de legisladores plurinominales– se revela, bajo un análisis en clave de poder, como una operación de ingeniería política finamente calibrada para reconfigurar el tablero a favor de Morena, incluso a costa de sus propios aliados.
Pero sería un error leer esta iniciativa como un acto de hostilidad hacia el PVEM y el PT. Sheinbaum no busca deshacerse de ellos. Busca algo más profundo y, para sus dirigencias, mucho más inquietante: legitimarlos a la fuerza.
La presidenta quiere alianzas políticas reales, no matrimonios por conveniencia con cúpulas enquistadas en el poder. No desea acuerdos de cuotas, donde lo que se negocian son posiciones y presupuestos, sino coaliciones de ideas, proyectos y principios éticos coincidentes con la Cuarta Transformación. Y para lograrlo, necesita pulverizar las estructuras elitistas y caciquiles que han secuestrado la vida interna de esos partidos.
PVEM y PT, arrinconados
La presidenta conoce su fuerza. Morena es la marca hegemónica, el paraguas bajo el cual se cobija el voto mayoritario. Conoce a la oposición –PAN y PRI–, a quienes esta reforma dejaría sin representación proporcional real. Pero, sobre todo, conoce a sus “socios”. Sabe que el PVEM y el PT dependen estructuralmente del financiamiento público y de las plurinominales para sobrevivir como partidos con identidad propia.
Y ahí radica la genialidad estratégica de la propuesta: coloca a las dirigencias del Verde y del Trabajo ante un dilema existencial. O rompen con Morena y el gobierno, aventurándose a una travesía en el desierto que podría significar su extinción electoral, o se someten a una democratización interna gradual que terminará por anular sus viejas prácticas.
Sheinbaum no busca exterminar a sus aliados. Los está “consintiendo” justo lo suficiente –dejando espacios para la negociación– para que acepten una ofensa que, aunque en lo inmediato parece soportable, los coloca en una posición de subordinación estructural de la que difícilmente podrán escapar.
El fin de las cuotas y los caciques
La resistencia de Arturo Escobar y la dirigencia del PVEM no es un berrinche menor. Es la reacción instintiva de un animal político que huele el peligro. Las plurinominales han sido durante décadas el salvoconducto que permitía a liderazgos sin arraigo popular acceder al Congreso. Eran el botín que solidificaba lealtades internas y permitía a las cúpulas controlar a sus legisladores.
Eliminar las listas plurinominales y sustituirlas por la figura de los “mejores perdedores” (quienes queden segundos en los distritos) tiene un efecto devastador para esas estructuras. Los nuevos legisladores no deberán su lealtad a la dirigencia nacional que los colocó en una lista, sino a su capacidad de competir, a los gobernadores o, en última instancia, a la marca Morena que les permitió quedar cerca del triunfo.
En vísperas de las elecciones intermedias de 2027, Sheinbaum intenta despojarse de lastres políticos. Busca depurar la coalición de aquellos personajes que, bajo el cobijo de las cuotas partidistas, representan lo más pernicioso de la política tradicional: el negociante que cambia de camiseta según la correlación de fuerzas, el cacique local que controla territorios a cambio de prebendas, el político profesional sin proyecto ni convicciones.
Ganar aún sin reforma
Sheinbaum ha utilizado el principio de autoridad popular para enmarcar la discusión. Al afirmar que “quien quiera ser representante popular tiene que ir a buscar el voto” y que “la gente pide eliminar las listas”, se coloca del lado del pueblo contra las cúpulas.
La presidenta está apelando directamente a la base social del movimiento para presionar a los partidos. El mensaje a los aliados es implícito pero inconfundible: “Si se oponen, los señalaré como defensores de privilegios”.
Además, ha desactivado con maestría la posibilidad de un fracaso legislativo ruinoso. Al declarar que “la vamos a mandar” y que “quien quiera mantener el privilegio, la gente los va a señalar”, transfiere la responsabilidad al Congreso. Si la reforma no pasa, la culpa no será de ella, sino de los partidos que defienden sus beneficios. Es una jugada de doble filo: o los aliados se suben al tren o quedan expuestos como la resistencia conservadora dentro de la propia coalición.
El dilema de los satélites
PVEM y PT han identificado su única ventaja: sin ellos, Morena no tiene los votos para reformar la Constitución. Pero esa ventaja es más frágil de lo que parece.
Los aliados no quieren una guerra abierta contra Palacio Nacional. Por eso han optado por la estrategia de la contrapropuesta, buscando ganar tiempo, modificar el terreno e introducir temas que les permitan vender a sus bases una “victoria” que justifique su voto a favor.
Pero el tiempo juega en su contra. A medida que se acerque 2027, la necesidad de mantener la alianza con Morena se volverá más acuciante. La perspectiva de enfrentar solos un proceso electoral en el que el partido guinda dominará la boleta es aterradora para cualquier dirigente con sentido de supervivencia.
El desenlace previsible
Sheinbaum ha ocupado el terreno estratégico de las decisiones y tiene la iniciativa política, el respaldo popular y un sólido dispositivo de comunicación. El PVEM y PT tienen la necesidad y el deseo de seguir siendo aliados, pero no a costa de su desaparición como estructuras autónomas.
Es probable que haya negociación. Morena cederá en algunos puntos tácticos –quizás en la fórmula de reparto del dinero o en los tiempos de implementación– para lograr la aprobación de lo sustancial. Y al final, los aliados votarán a favor. La presión de la presidenta y el costo político de ser señalados como “traidores” o “privilegiados” por el electorado de izquierda será mayor que el riesgo de romper la coalición.
Pero cuando lo hagan, habrán firmado su propia transformación. Aceptarán una reforma que, aunque en apariencia los trata con guante de seda, los coloca en una posición de dependencia estructural respecto a Morena. Sus futuros legisladores ya no serán criaturas de las cúpulas, sino producto de la competencia territorial donde el partido guinda es el gran elector.
Sheinbaum habrá logrado así su objetivo: partidos aliados más legitimados, sí, pero también más dóciles. Alianzas basadas en ideas y proyectos, donde los principios de la Cuarta Transformación prevalezcan sobre los intereses de grupo. Y de paso, en buena medida habrá limpiado la coalición de aquellos personajes que representaban la herencia perniciosa de la vieja política.
Es, en definitiva, una obra maestra de realismo político. La reforma electoral de Sheinbaum no es un acto de guerra contra sus aliados; es un acto de reconfiguración del poder. Y en esa reconfiguración, los viejos caciques del PVEM y el PT tienen dos opciones: adaptarse a la nueva correlación de fuerzas o desaparecer. La historia, como enseñan los grandes estrategas políticos, suele sonreír a quienes entienden a tiempo por dónde sopla el viento.