Sr. López
La queridísima prima Pepina ya se iba a casar… bueno, ya la iban a pedir. No era muy agraciada y ya se andaba quedando, pero de repente apareció en su vida un jarocho cuarentón, Ernesto, bien establecido contador público, más alegre que un cascabel, que se prendó de ella, primero, porque bailaba mejor que Ginger Rogers; y segundo, porque era más simpática que Susana Cabrera, Cuca la Telefonista y Vitola, juntas (no, si usted tiene menos de 50 años no conoce a ninguna, no se apure). Ya con fecha para que llegara de Veracruz la mamá de él a pedirla, un día cualquiera antes del amanecer, llegó el jarocho y se prendió del timbre como quien ya no llega al baño. Abrió la puerta tía Alicia (la mamá de Pepina), muy sorprendida preguntó qué le pasaba y él, a gritos y con un tono que no le conocían, exigió que bajara Pepina, “¡pero, ya, ya, inmediatamente!” Bajó la Pepina con su vieja bata de franela mal puesta, descalza, con cara de susto, los tubos puestos en la cabeza (antes se usaban), y la almohada marcada en el cachete: -¿Qué pasa? -preguntó muy mortificada, cerrándose el escote con las dos manos -¡¿qué pasa, Ernesto?! –insistió –y el jarocho, tomándola por los hombros, con una sonrisa de oreja a oreja, le dijo: -Nada, te quería ver recién despertada y sin maquillaje… y me sigues gustando –hubo boda y fueron muy felices (en serio).
Hace más años de los que es prudente confesar, este menda le oyó decir a un viejo y muy sabio judío del que inmerecidamente se hizo amigo, que para conocer un país había que visitar sus baños públicos y alguna de sus cárceles: -“Lo demás es maquillaje” –afirmaba.
No sostiene López que semejante cosa sea una verdad absoluta… pero… ¡fíu, qué pena con las visitas!, México no pasa esa prueba.
Usted sabe de qué habla su texto servidor si alguna vez ha tenido la desgracia de verse forzado a usar el baño de una gasolinera (el letrero dice, “sanitarios”… humor sádico). Puede ser que vayamos mejorando, aunque en algunos baños públicos se cobre por entrar y aparte le vendan el papel sanitario (20 centavos -que nadie trae- por dos cuadritos de papel, lo que prueba el genio de la mercadotecnia del tenochca estándar, y asegura la venta de cada rollo en cien pesos). Y muchos otros baños públicos de restaurantes de cadena y familiares, explican que la cistitis sea un mal endémico: la gente aguanta hasta el límite del estallido de vejiga.
Nuestras cárceles, igual. También deben ir mejorando. Cuando menos ya no es cárcel San Juan de Ulúa (y sus pavorosas “tinajas”), y quiere uno suponer que tampoco existe ya la cárcel mixta de un estado muy hermoso de nuestra risueña patria (mixta, presos y presas revueltos… imagínese).
La respuesta al abandono en que están las cárceles, es que no son obras para que se luzcan los funcionarios. Ha de ser. No debe ser.
Ya en el tema: en México hay 366 cárceles (17 federales, 278 estatales y 71 municipales); en ellas hay más o menos 260 mil personas presas; de ese total, 127,400 (el 49%) no tienen sentencia: el espeluznante sistema de justicia nacional.
Se supone que ya tenemos un nuevo sistema penal acusatorio y que estamos en riesgo de que salgan libres comaladas de correosos delincuentes, por faltas al debido proceso. Ha de ser. Pero apenas el 31 de julio, el Inegi emitió el informe de resultados sobre su “Primera encuesta nacional de población privada de la libertad”. Es terrorífico:
El 32.4% de los reos fueron detenidos sin que se les dijera por qué, ni de qué se les acusa (84,240 personas pudriéndose en la cárcel, así, al bulto). El 80.2% fue presentado ante el Ministerio Público sin abogado (nada más por eso, hay 208 mil 520 presos que deberían estar libres, ya). El 43.4% (112,840) tiene más de dos años preso; más o menos la misma cantidad, fueron detenidos sin orden de aprehensión (!). Dice el Inegi que en el 42.1% de los casos, la autoridad escribió la acusación y “exactamente” la declaración del detenido, quien solo la firmó. El 75.6% sufrió algún tipo de tortura y el 47.5% de los presos se declaró culpable y con esa declaración, contra todo derecho, es que se les declaró formalmente presos.
Sí. El nuevo sistema penal acusatorio puede causar que salgan algunos criminales libres… pero primero, hay que sacar a todos los que no deben estar ahí (más de cien mil).
Por otro lado, la Comisión Nacional de Seguridad informa (marzo de este año), que hay cien cárceles con sobrepoblación, pero los 17 penales federales tienen 10 mil lugares desocupados. Es absurdo: tantas cárceles estatales sobrepobladas y con reos acusados por delitos federales… y ni un solo penal federal ocupado al 100% de su capacidad (tienen lugar para 34 mil personas pero solo hay 24,180 reos); las Islas Marías están ocupadas al 20% de su capacidad; la cárcel federal de Morelos, tiene el 47% desocupado, la número 6 del Sureste, el 42% vacío. Nada más con estos datos no es aventurado decir que en el gobierno federal y Segob sin duda, reinan el despelote y la indolencia.
No se espante, no se sorprenda: de los 17 penales federales, ocho son nuevos y el gobierno contrató a crédito su construcción, con un saldo a pagar hasta el año 2030 por la bonita cantidad de 200 mil millones de pesos.
Aparte se han concesionado a particulares seis prisiones federales, a un costo 3.8 veces mayor de lo que cuesta cada preso (1,500 pesos en vez de 390). Y durante la presente administración de don Peña Nieto, se proyectó construir siete cárceles privadas más, mientras siguen reduciendo el presupuesto a las que administra el gobierno (19,374 millones en 2015 y en 2017, 16 mil 615 millones de pesos; el 15% menos).
El que puso de moda lo de las cárceles privadas fue mi generalito Calderón. Según el reportaje de Rodrigo Vera (revista Proceso, 11 de mayo de 2013), algunos empresarios que ya tienen las manos metidas en este gran negocio son Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y las familias Hank y Quintana.
Todo ha de ser negocio. Es nuestra desgracia, ver el gobierno como negocio.
