Juan Carlos Cal y Mayor
Mi amigo el abogado Eduardo Coutiño compartió conmigo una reflexión que hago extensiva. En la ética de principios hay, por su naturaleza, una gran diversidad de opiniones y juicios de valores distintos en los 130 millones de mexicanos que vivimos actualmente en este país. Lo que para algunos es correcto: pena de muerte, legalizar el aborto, la eutanasia, legalización de la marihuana, etc. para otros no lo es. Sin embargo, en la ética de las responsabilidades, más cuando se trata de dirigir los destinos de un país, se deben hacer a un lado los juicios e intereses propios, para dar lugar a los intereses de la colectividad, aún y cuando estos se conflictúen en contra de los propios.
¿Y cómo hacerlo y sustentarlo? Para eso existen leyes, ya esta escrito. No hay nada nuevo bajo el sol. Es el imperio de la ley. No es: “Lo que diga mi dedito” guiado por la ética de mis principios, es: “Lo que diga la ley” que es la ética de las responsabilidades. Desde el presidente de la República hacia abajo, todos los funcionarios públicos están sujetos a derechos (salario, medicinas, etc.) pero también a responsabilidades. Nuestra constitución, al redactarse, fue escrita en base a una ética de responsabilidades y principios universales, no en base a principios unipersonales.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Agregaría que el principio de legalidad nos brinda la seguridad jurídica de que todos, sin excepción, gobierno y ciudadanía, nos sometemos al imperio de la ley. En las democracias constitucionales, el poder público (gobierno) tiene el deber de hacer lo que le exige la ley, ni más ni menos; además, debe fundamentar sus actos conforme a la ley, motivando sus decisiones, de forma que se garantice la normalidad constitucional al gobernado.
El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.
Al conferir su voto en las urnas, la ciudadanía deposita las decisiones en el Presidente de la República. En el ejercicio de sus atribuciones se debe apegar al marco jurídico. Para garantizarlo existen órganos de control constitucional y la figura del Amparo.
Hernán Gómez Bruera señala que: un gobierno progresista sucumbe cuando pierde el valor de la ética, pero también cuando pone la ideología por encima de las posibilidades de la realidad. Y Felipe González, el ex presidente español, quien de sus años de gobernante sacó esta conclusión: «Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades».
