Edgar Hernández Ramírez
La abrupta y hostil salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha revelado una fractura más profunda en el corazón de la política educativa de la CuartaTransformación de la que el gobierno hubiera deseado reconocer. No se trata sólo de un relevo administrativo. El episodio –con policías acompañando al funcionario, acusaciones de censura a contenidos sobre la “guerra sucia”y señalamientos de “corrupción” dentro de la SEP– sintetiza un conflicto ideológico y de poder dentro de la dependencia, que ahora estalla en un momento políticamente delicado para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Arriaga afirma que su salida fue una victoria del “pensamiento empresarial” dentro de la SEP y una derrota para el proyecto educativo obradorista.
Desde su perspectiva, el operativo para retirarlo buscó enviar un mensaje político: la derecha habría logrado “meter las manos” en el rediseño de los materiales educativos. Al mismo tiempo, el secretario de Educación, Mario Delgado, sostiene una narrativa opuesta: que el funcionario ya conocía su relevo, que se le ofrecieron alternativas e incluso un cargo diplomático en el extranjero, y que no hubo un desalojo sino un procedimiento administrativo mal instrumentado.
Estas versiones contrapuestas evidencian un dilema central: ¿cuánto espacio tendrá el obradorismo más doctrinario en el gobierno de Sheinbaum? Esta tensión es clave porque la educación fue uno de los proyectos simbólicos del sexenio de López Obrador, particularmente la llamada Nueva Escuela Mexicana. Arriaga era uno de los guardianes ideológicos de esa visión. Su salida –y las acusaciones de que se buscaba “corregir” los libros sin consultar al magisterio o eliminar contenidos históricos incómodos–coloca a Sheinbaum en una disyuntiva compleja.
Por un lado, la presidenta se apresuró a aclarar que los libros “no van a cambiar” salvo para incorporar más mujeres en la historia, un mensaje dirigido a calmar a las bases más afines al obradorismo. Por otro, el relevo de Arriaga parece alinearse con la corriente pragmática dentro de la SEP, que busca revisar y moderar contenidos ante la presión de sectores conservadores, grupos empresariales y algunos gobernadores.
En términos políticos, el costo es doble:
1. Dentro de la 4T, un conflicto de identidad.- La salida de Arriaga puede ser interpretada por el obradorismo duro como un signo de distanciamiento entre Sheinbaum y la línea pedagógica más radical del sexenio anterior. Funcionarios, cuadros intelectuales y activistas que participaron en la elaboración de los libros verán este episodio como un desplazamiento de su visión y un posible repliegue ante presiones conservadoras.
Eso amenaza con abrir un flanco interno: el riesgo de que sectores del magisterio organizado –particularmente los vinculados al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana– se sientan traicionados; la posibilidad de que grupos internos de la 4T aprovechen el conflicto para cuestionar la conducción de la SEP y la autoridad de Delgado.
2. Para la oposición, una mina discursiva.- Organizaciones como el Consejo Nacional de Nueva Derecha ya exigieron una revisión “exhaustiva” de los materiales educativos creados bajo la dirección de Arriaga, acusándolos de “adoctrinamiento marxista” y “colectivismo”. El episodio le da argumentos para afirmar que la 4T está dividida y que el “ala marxista” se enfrenta con un sector más moderado; que los libros de texto sí tienen sesgos ideológicos, pues incluso dentro de la SEP se discrepa sobre su contenido; y que Sheinbaum no controla plenamente su gabinete, un ataque que la oposición intentará convertir en narrativa recurrente.
Los dilemas para la presidenta
Sheinbaum enfrenta una tensión difícil de conciliar:Preservar la continuidad del proyecto educativo de López Obrador, que buena parte de su base considera irrenunciable; evitar que la SEP siga siendo un campo de batalla ideológica, que pueda distraer la agenda gubernamental y erosionar su autoridad; y mantener la unidad interna de la 4T, evitando que las pugnas se conviertan en confrontaciones públicas entre facciones.
El desafío mayor radica en que cualquier ajuste en los contenidos educativos será interpretado como concesión a la derecha o como traición al proyecto original.
¿Se afectará la relación con el magisterio? Probablemente sí. Arriaga había convocado recientemente a los maestros a organizar comités para defender la Nueva Escuela Mexicana, afirmando que era una causa del obradorismo y una conquista de izquierda.
Su salida puede generar malestar entre maestros que vieron en él un aliado; dudas sobre si la SEP seguirá consultando al magisterio en futuras modificaciones a los libros; tensión con sectores de la CNTE, históricamente más sensibles a señales de centralismo y control.
El riesgo para el gobierno es perder una parte del apoyo magisterial justo cuando se prepara la implementación ampliada del nuevo plan de estudios.
El caso Arriaga no es un episodio aislado, es el primer gran choque entre las visiones pedagógicas, políticas e ideológicas que conviven en el gobierno de Sheinbaum. Lo que estaba contenido en la discreción de los pasillos de la SEP ya se desbordó al ámbito público. La presidenta deberá decidir si la Nueva Escuela Mexicana seguirá siendo un proyecto profundamente político o si buscará un perfil más técnico y conciliador.
Cualquiera de las dos rutas tendrá costos. Y, sobre todo, implicaciones para la unidad de la 4T.
