Edgar Hernández Ramírez
Mientras aún resuenan las ondas expansivas informativas sobre el saldo de la detención y muerte de Nemesio Oseguera –como el contenido de la “narconómina” de “El Mencho”– y cuando las flechas verbales por la reforma electoral cruzan el escenario político, en un municipio indígena de Chiapas –Tenejapa– ocurrió un hecho inédito que inaugura una nueva forma de impartir justicia y que podría cambiar la historia judicial del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió su primera sesión itinerante en una plaza pública para abordar temas de interés de las comunidades indígenas.
Lo sucedido en Tenejapa no es sólo una postal simbólica. Representa una ruptura política e institucional de gran calado. Según la información oficial sobre la sesión extraordinaria en territorio, la Corte decidió trasladarse fuera de la capital para acercar la justicia a la ciudadanía y hacer visible su labor jurisdiccional ante sectores históricamente marginados. Pero la lectura política va mucho más allá de la voluntad pedagógica; podríamos asegurar que estamos frente a un rediseño del vínculo entre el Poder Judicial y el pueblo.
Durante décadas, la Corte mexicana ha cargado con la imagen de un órgano distante, erigido en el mármol institucional del centro del país, aislado por su propia arquitectura elitista. Su legitimidad descansaba en la técnica jurídica y en la interpretación constitucional, pero no en la proximidad ni en la construcción de comunidad. Esa distancia fue útil para un modelo judicial vertical, pero resultó insuficiente para un país plural, desigual y profundamente desconfiado de sus instituciones.
En cambio, la sesión itinerante de Tenejapa inaugura una nueva identidad. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó al Pleno como “el nuevo rostro de la justicia”, enfatizando que las ministras y ministros “somos de carne y hueso, pertenecemos al pueblo”. El mensaje es político y transformador: la Corte busca construir legitimidad desde el territorio, no sólo desde la doctrina. En un país marcado por brechas históricas, acercarse a una comunidad indígena no es un gesto menor; es un acto de redistribución simbólica del poder.
Chiapas, con 12 pueblos originarios y niveles de pobreza que alcanzan a cerca del 70 por ciento de su población, fue elegido precisamente por esa “pertinencia social y territorial”.
A diferencia de la lógica centralista que históricamente ha guiado la impartición de justicia, la Corte se colocó allí donde la Constitución suele sentirse más lejana. Sentados en un templete ante más de dos mil personas, las y los ministros llevaron el debate constitucional al espacio público, diluyendo la solemnidad del salón de plenos en favor de una deliberación más transparente y democrática.
El asunto discutido –la solicitud de la comunidad tsotsil La Candelaria para el reconocimiento formal de su autogobierno– no sólo tiene un impacto local, sino nacional; obligará al Tribunal a pronunciarse sobre la validez y límites de las formas de gobierno indígena dentro del federalismo mexicano. Aunque el proyecto propone amparar a la comunidad sin crear un “cuarto nivel de gobierno”, sí representa un avance en el reconocimiento de la libre determinación como coexistente con las estructuras ordinarias.
En este gesto se cruzan dos caminos. Por un lado, la Corte busca romper con el molde elitista de su pasado; por el otro, asume su papel como árbitro de una transformación jurídica que reconoce la pluralidad de pueblos indígenas que conviven en México. La justicia deja de ser un ejercicio distante para convertirse en un diálogo directo, en un acto público que puede ser presenciado y cuestionado por quienes históricamente fueron excluidos de él.
Las repercusiones serán profundas. En el corto plazo, este nuevo formato fortalece la transparencia y la legitimidad del Tribunal. A mediano plazo, abre la puerta a un Poder Judicial que ya no se concibe como guardián de una legalidad abstracta, sino como una institución que escucha y se mueve en función de las realidades del país. Y, a largo plazo, podría reconfigurar la arquitectura judicial mexicana, haciendo que la justicia constitucional se despliegue no desde un centro hegemónico, sino desde los múltiples territorios que integran la nación.
La Corte ha dado un paso que parecía impensable: abandonar el mármol y pisar la tierra. Y en ese gesto, discreto pero histórico, podría estar naciendo una nueva forma de entender la justicia en México.
