0
0
Juan Carlos Cal y Mayor
Entiendo claramente que el presidente y su partido están utilizando la famosa consulta para juzgar a los expresidentes con fines estrictamente político-electorales. El propio López Obrador ha expresado que él votaría en contra. ¿Y entonces cómo, si esta en contra, su partido en ambas cámaras está proponiendo la consulta? ¿Cómo le exige al INE que organice? ¿Cómo, las bases de Morena, iniciarón al menos en la Ciudad de México mesas recabando firmas para exigir la consulta? Queda absolutamente claro, el objetivo es administrar y sacar raja del tema de aquí a las elecciones.
Pero vamos al fondo del asunto. De acuerdo a la ley que legisló las consultas y fue enviada y modificada en el congreso, la consulta sería en agosto. Tendría que ser organizada por el INE lo cual representa practicamente instalar casillas en todo el país como si se tratara de una elección. Eso costaria, a decir de Lorenzo Córdova, unos 8 mil millones de pesos. Ese dinero tendría que ser aportado por la Secretaria de Hacienda, que ya no ve de donde sacar más dinero para cumplir con los compromisos del presidente. Apenas acaban de desaparecer doce subsecretarias con el propósito de ahorrarse esos gastos.
Pero el quid del asunto no es ese. La consulta tendría que reunir de aquí al 15 de septiembre 1.8 millones de firmas. Morena en su mejor momento de crecimiento apenas alcanzó a afiliar a un poco más de 300 mil personas. ¿De dónde va sacar tantas firmas? Supongamos que si. La suprema Corte tendría que aprobar la legalidad de la consulta. De acuerdo a la ley no se pueden consultar cuestiones que afecten los derechos humanos ni las garantías indibiduales.
De ahí que simple y llanamente no prosperaría. La aplicación de la ley no se puede someter a consulta. La Fiscalia tiene autonomía y tiene que actuar de oficio con base a denuncias. Pero resulta que la denuncia de Lozoya se filtró a los medios de comunicación. Es lo que se conoce como una denuncia de hechos. Sin más pruebas que sus propios dichos. El video que vimos, por ofensivo que nos parezca, tampoco constituye una prueba plena. Eso de que le entregó a legisladores del PRI o el PAN estaría por probarse. Un autentico galimatías. Se estaría violando el debido proceso. La presunción de inocencia.
Lo que quiero anticipar es que la Corte no lo aprobaría. Pero de eso se trata todo este circo. Una tomadura de pelo. Un desgaste innecesario que solo profundiza la polarización de la ciudadanía que no entiende de estas cuestiones. Que agrega un ingrediente flamable a los procesos electorales. Lo peor de todo esto es que al final quedará en algunos un sentimiento de impotencia, una falsa sensación de impunidad. Pero es así como le gusta jugar al presidente y a las alas más radicales de su partido. El periodista Raimundo Riva Palacio dice que existen al menos otros 15 videos en que aparecen más entregas de sucesivas “aportaciones” a la campaña del presidente. Es una advertencia, en mensaje cifrado, de lo que vendría si quieren seguir apostando al reality show de los video escandalos.
Error quitar el fuero
No se quien asesora al presidente. Se supone que Julio Scherer en la consejería jurídica de la presidencia. Pero la promesa de campaña de quitar el fuero al presidente de la República es un rotundo error. No aplica a los expresidentes por si alguien pensaba eso. Sino al presidente en funciones, es decir, al propio López Obrador en adelante. Eso lo expondría a cualquier cantidad de denuncias que tendría que procesar y dar trámite la Fiscalia. Tendría que ser llamado a declarar y en su caso quedar sujeto a proceso, por absurdo que parezca. Ojalá no prospere tal desatino por el bien del país y la ya de por si endeble gobernabilidad. A menos que se trate de otro circo. Ya agregaron que el senado tendría que analizar que las denuncias no sean “temerarias”. Me atrevo a inferir que la ausencia de Gertz Manero al informe del presidente no es un acto de “soberbia” como él lo calificó, sino la premeditada posibilidad de renuncia ante tanto desaseo al que lo han expuesto. Así las cosas…
