* Colectivos y abogados cuestionaron que la jueza desechara la denuncia al no valorar los impactos al territorio ni reconocer que la carga de prueba corresponde a las autoridades
Redacción / Alfaro Noticias
Pueblos originarios del estado no lograron frenar legalmente la construcción de la autopista Palenque–San Cristóbal, luego de que la jueza primera de distrito, Doris Yadira Ponce Figueroa, negara la suspensión provisional y definitiva solicitada en el juicio de amparo promovido por diversas comunidades. La obra, que comenzó oficialmente el pasado 8 de junio, continúa su curso mientras organizaciones nacionales e internacionales expresan su respaldo a los inconformes.
Abogados y colectivos que acompañan el proceso legal cuestionaron la resolución de la jueza, quien argumentó que los promoventes no acreditaron la omisión que reclamaban respecto a la falta de información sobre el proyecto. Señalaron que la carga de prueba no debe recaer en las comunidades, sino en las autoridades responsables, y acusaron que no se valoraron de fondo las posibles afectaciones al territorio y a los derechos colectivos.
Actualmente, el juicio de amparo se encuentra en pausa debido a un recurso de queja presentado por la Secretaría de Infraestructura estatal en contra de la admisión de la demanda. A su vez, las comunidades afectadas han interpuesto un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del estado, tras la negativa de la suspensión definitiva.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), junto con colectivos integrados en la red Slamalil Kinal, advierten que la construcción de la autopista representa una amenaza para la biodiversidad, los ecosistemas y el modo de vida de los pueblos originarios. Aseguran que no se cumplió con los estándares internacionales de consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT
De acuerdo con estas agrupaciones, las supuestas consultas comunitarias realizadas por el gobierno estatal fueron simbólicas y sin el debido proceso, en muchos casos reducidas a votaciones a mano alzada en presencia de personas ajenas a las comunidades directamente afectadas. También señalaron que no se ha publicado la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, lo cual vulnera el derecho al acceso a la información ambiental.
El respaldo a las comunidades indígenas ha trascendido las fronteras. Una declaración internacional en defensa de los territorios libres de megaproyectos fue firmada por 33 organizaciones y 429 personas de la academia y sociedad civil de 25 países. A este pronunciamiento se sumaron más de 12 mil firmas de personas pertenecientes a pueblos originarios en Chiapas, quienes demandan respeto a la libre determinación, el fin de la criminalización a defensores comunitarios y la cancelación de obras que consideran impuestas.
Desde hace varios años, sectores de la sociedad civil han denunciado el impacto de megaproyectos en Chiapas. El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, ha advertido sobre la afectación espiritual y cultural que generan estas obras, al pasar por sitios considerados sagrados por los pueblos indígenas, como cerros, manantiales y ríos. Aunque reconoció que muchas personas ven en la autopista una oportunidad de desarrollo, llamó a encontrar un equilibrio que no borre la historia ni la espiritualidad de las comunidades.
Por su parte, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) acusó que el proyecto fue aprobado sin el consentimiento legítimo de las poblaciones originarias, lo que ha intensificado la conflictividad social en la región. En un pronunciamiento reciente, señalaron que la autopista no solo implica la destrucción del entorno natural, sino también el riesgo de facilitar el despojo territorial y abrir paso a intereses extractivos.
El proyecto también tuvo denuncias ante instancias internacionales. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exigió al Estado mexicano la liberación inmediata de cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, quienes fueron detenidos en 2022 y condenados a 25 años de prisión. De acuerdo con el pronunciamiento, su encarcelamiento está relacionado con su participación en movimientos contra la militarización y la construcción de la carretera.
