* El juez aclaró que su labor se basó en la ley y en la protección de derechos humanos, descalificando cualquier vínculo con actividades ilícitas.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que desconocía la relación de amistad entre Héctor Melesio Cuén Ojeda e Ismael Zambada García, “el Mayo”. Cuén Ojeda, exsecretario de Salud en su administración, fue asesinado el 25 de julio en una finca en Culiacán, presuntamente después de una reunión con Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “el Chapo”. La Fiscalía General de la República (FGR) ha seguido varias pistas, incluyendo una carta firmada por Zambada que confirmó la amistad entre ambos.
El caso ha desatado polémica por la actuación de las autoridades. El 20 de octubre, la FGR reveló inconsistencias en la investigación de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Cuén Ojeda. Entre las fallas señaladas se incluyen la falta de precisión en la necropsia y en la recolección de pruebas en el lugar del crimen. Además, la FGR acusó que un juez federal de Culiacán se ha negado a emitir órdenes de aprehensión contra los responsables.
El juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz, encargado del caso, desmintió las acusaciones de la FGR. En una tarjeta informativa emitida el 21 de octubre, afirmó que las pruebas genéticas presentadas en la audiencia demostraron que las manchas de sangre halladas en la finca no correspondían a Cuén Ojeda, sino a otras personas. Además, señaló que la Fiscalía retiró su solicitud de órdenes de aprehensión debido a inconsistencias probatorias.
El juez Díaz Cruz reiteró que la Fiscalía podrá continuar su investigación y presentar nuevamente la solicitud cuando logre perfeccionar el caso. No obstante, la FGR insiste en que la investigación ha sido obstaculizada por las autoridades judiciales en Culiacán, lo que ha generado tensiones entre ambas instituciones.
Héctor Melesio Cuén Ojeda fue un político prominente en Sinaloa, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y líder del Partido Sinaloense (PAS). Su asesinato ha sido objeto de múltiples teorías, y el gobierno estatal y la FGR han dado versiones contradictorias sobre los hechos, lo que ha mantenido el caso en el centro de la controversia.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso, y las autoridades locales y federales enfrentan críticas por la falta de avances y la serie de irregularidades en el proceso judicial.
