* Entre los beneficiados se encuentran líderes de alto perfil como el suegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán y exmiembros de Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana.
En los últimos tres años, el Poder Judicial ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México, quienes enfrentaban cargos por narcotráfico, secuestro, homicidio y delitos contra la salud. Estas liberaciones se han dado a través de sentencias absolutorias, cambios de medidas cautelares y libertades anticipadas, beneficiando a miembros de distintos cárteles del país.
Entre los casos más destacados se encuentra Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán y exlíder del Cártel de Sinaloa, quien fue liberado en abril de 2022 tras cumplir solo parte de su condena. También figura Javier Adrián Salazar Ortiz, alias “El Barbas”, exlíder regional de Los Zetas, quien en febrero de 2024 obtuvo una sentencia absolutoria por decisión del magistrado Rodolfo Martínez Abarca.
El Cártel del Golfo ha sido la organización más beneficiada con estas decisiones judiciales, ya que al menos 12 de sus integrantes han recibido libertades o modificaciones en sus procesos. Le siguen Los Zetas con siete miembros favorecidos, así como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, entre otros. También se han registrado liberaciones de operadores financieros y sicarios de grupos como la Unión Tepito y Guerreros Unidos.
Destacan además los casos de Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”, exlíder del Cártel de los Arellano Félix, quien en diciembre de 2023 obtuvo libertad provisional; así como Alan Ervey Castillo, alias “Comandante Cano”, del Cártel de Sinaloa, quien en enero de 2024 fue absuelto del delito de secuestro agravado.
El jueves pasado, el gobierno de México extraditó a 29 capos a Estados Unidos, incluyendo a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, con el argumento de que existía el riesgo de que fueran liberados en territorio mexicano. Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que algunos de los detenidos ya habían recibido beneficios judiciales que podrían haber retrasado o impedido su extradición.
Las decisiones del Poder Judicial han generado preocupación entre especialistas en seguridad, quienes advierten que estas liberaciones podrían fortalecer a las organizaciones criminales y debilitar la lucha contra el narcotráfico en el país. Mientras tanto, el gobierno federal ha insistido en que su estrategia contra la delincuencia organizada sigue en marcha, priorizando la cooperación con Estados Unidos y la detención de líderes criminales.
