Ernesto Gómez Pananá
De la mano de la victoria de Claudia Sheinbaum de semanas atrás, en los medios se ha mantenido vigente la polémica respecto de la renovación de la estructura del poder judicial vía elección popular. El asunto parece complicado y denso. A algunas consciencias las espanta y las preocupa, qué horror exponer la toga en la urna. Qué horror exponer a la justicia a los vaivenes del electorado. Sobre el tema me permito compartir un par de consideraciones.
Ciertamente, si uno analiza en frío la idea de que quienes impartan la justicia sean personajes electos por voto popular puede sonar preocupante, en tanto esto pudiese comprometer las determinaciones de un juez, un juez con compromisos, con consigna, un juez sujeto al vaivén de intereses ajenos a la justicia dados los compromisos que pudo establecer con el electorado que lo llevó a alcanzar determinada posición. Pues bien, este escenario preocupante no dista mucho de lo que actualmente sucede, permítame un ejercicio e indíqueme por favor amable lector-lectora-lectore: En la actualidad, dentro del Poder Judicial Federal existen mil seiscientos noventa puestos, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros, magistrados y jueces. Mil seiscientas posiciones a las que presuntamente se accede a través de la carrera judicial una especie de escalafón o servicio profesional en el que se puede ir escalando gradualmente, o, en el caso de los ministros de la suprema corte, mediante propuesta presidencial al poder legislativo, que elige entre los integrantes de la terna propuesta. En el papel, los procesos para designación de responsables en todas estas mil seiscientas noventa posiciones son transparentes y rigurosos, y quien gana una determinada posición es porque cuenta con la formación y los conocimientos requeridos para la encomienda -además, desde luego, de los valores necesarios-. Al contrario de la teoría, la experiencia práctica de cualquiera que lea esta columna podría afirmar lo contrario: la carrera judicial suele ser atractiva porque crecer en la misma depende de contar con buenas relaciones y buenos padrinos, eso es garantía de poder escalar, pero desde luego, también porque históricamente, el poder judicial se ha caracterizado por sus atractivos salarios, su amplísima cartera de prestaciones, su generoso calendario de labores y la ausencia de mecanismos de monitoreo como los que, bien que mal, dan seguimiento al acontecer en los poderes legislativo y judicial. Pero esto no es todo. A lo anterior es menester agregarle la gigantesca tentación de los pagos ilícitos para orientar una determinada resolución y favorecer o perjudicar un determinado caso: historias de terror en las que una persona claramente culpable de un delito es asombrosamente puesta en libertad o por el contrario, historias de inocentes que pasan años privados de la libertad, sea porque el caso no avanza y no se dicta sentencia, o porque pese a insuficiencia de pruebas, generalmente alguien sin recursos para pagar un “buen abogado”, es declarado culpable por el señor juez a quien le es encargado el caso. un señor juez de elegante toga, abigarrado lenguaje y, faltaba mas, un lujoso estilo de vida con be-emes-doble-us, mont-blancs, pa-teks-fi-li-pes y residencias de lujo que con todo y los atractivos salarios, resultan matemática y contablemente inexplicables.
Del poder ejecutivo es posiblemente del que socialmente conocemos más, su poder recae en una sola persona, presidente, o en este caso presidenta, dura seis años y para el mimo no existe la reelección.
Del legislativo se conoce un poco menos aunque se ha avanzado: A riesgo de equivocarme, puede que un ciudadano de condición urbana universitaria, sepa quiénes son su senador y su diputado y sepa también, grosso modo, cómo se conforma el poder legislativo al que pertenecen, cuánto duran en su cargo y cuáles son sus actividades.
Del poder judicial se conoce muchísimo menos. Puede que el mismo hipotético sujeto muestra sepa que ni jueces ni magistrados se elijan por voto directo pero posiblemente no tenga claro cuánto duran en el cargo, cómo se nombran, cómo se organizan territorialmente y qué tipo de delitos les corresponde dictaminar, mucho menos cuáles son sus emolumentos o sus prestaciones. aunque, permítame seguir con el cuestionario, todos tenemos algún familiar, amigo o conocido que “trabaja en el poder judicial” y al que “le va muy bien”, entiéndase por ello que se ha hecho inexplicable y meteóricamente rico.
La propuesta de elección directa para todos estos más de mil quinientos puestos desde luego no garantiza la adecuada impartición de justicia, esto es un proceso de largo aliento que debiera ir mejorando en tanto que, eso si, el ojo público se ubicará inevitablemente encima de todos quienes sean electos como jueces, consejeros, magistrados o ministros. adicionalmente, ubicará los tabuladores salariales y los abanicos de prestaciones más cerca de la realidad de un país con cincuenta millones de pobres, un país en el que, sin tener un aparato de gobierno perfecto ni inmaculado, la austeridad alcance no solo al poder ejecutivo y al legislativo sino también al judicial y de la mano de ello, el proceso de resignificación de ese poder inicie. En México la justicia no ha corrido con pies ligeros. Sus pies de plomo no han colapsado al país. Tampoco lo colapsará este ejercicio de transformación, antes al contrario, algo bueno deberá salir de todo esto.
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