Guillermo Ochoa-Montalvo
Querida Ana Karen,
En Chiapas, la realidad supera a la ficción. Con el 65% de las elecciones municipales impugnadas, se impone un nuevo récord en la judicialización, pasando del 30% en 2015 al 65% en 2024. Todo indica que quienes carecen de estrategia para ganar en las urnas recurren a la magia de los tribunales.
Las elecciones en México han recorrido un camino tortuoso lleno de fraudes, autoritarismo, represión, violencia, muertes y desconfianza. Iniciamos con la esperanza de una Constitución ejemplar promulgada en 1917 y tristemente parchada a través de los años, con reformas a modo en cada época.
Con el maximato de Plutarco Elías Calles se crea el PNR en 1929. Le suceden las elecciones controladas por el Presidente de la República y sus Congresos a modo. Con el general Lázaro Cárdenas el PNR se realiza la Segunda Transformación al crearse en 1938 el PRM bajo una política de masas corporativista y populista. En 1939 surge el PAN como partido opositor con Manuel Gómez Morín.
Después, con el último militar, Manuel Ávila Camacho, el PRM sufre su Tercera Transformación para convertirse en PRI. Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Electoral de 1946 que permanecerá vigente hasta 1976. Se incorpora a empresarios a la red del poder y se manda a los militares al cuartel.
Con Miguel Alemán surge el primer presidente civil del México revolucionario y se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, siendo las Comisiones Electorales las encargadas de resolver quejas e impugnaciones. Para efectuar las elecciones, se crea la Junta Empadronadora, la Junta Computadora Local y los Colegios Electorales, concentrándose las resoluciones, anulaciones y validaciones en la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia, a quien en 1949 la sustituye la Procuraduría General de la Nación.
En 1952 se impugna el triunfo de Adolfo Ruiz Cortines, dando paso a la Comisión Federal Electoral a cargo del secretario de Gobernación. Se promulga el Código Electoral de 1953 que permite el voto de la mujer, el cual ejercerá a partir de 1958. Bajo el régimen de Adolfo López Mateos, se crea la figura de Diputados de Partido, dando paso a la representación proporcional de las minorías.
Con la reforma de 1973, se crean las Comisiones Locales Electorales para extender las constancias de mayoría y resolver inconformidades. Las Mesas Directivas de Casillas se encargan del proceso de votación y escrutinio. La Reforma Política de 1977 reconoce al Partido Comunista (proscrito en 1948); se multiplican los partidos políticos; se fortalece la representación plurinominal de los partidos de minoría y se divide el territorio en 300 distritos electorales. Para cada elección, se dividen los distritos en secciones. La Comisión Federal Electoral aumenta el número de comisionados de los partidos y se nombra como Secretario a quien designa el Colegio de Notarios.
Sin embargo, con las políticas neoliberales de 1977 se acaba con el corporativismo y se inicia un proceso de reformas del Estado que habrán de cambiar los escenarios políticos y contiendas electorales, culminando con el mega fraude de 1987, donde el Tribunal de lo Contencioso Electoral, creado en 1986, ratifica el triunfo de Salinas de Gortari. La fractura de la hegemonía del PRI conduce a la creación del IFE, presidido por el Secretario de Gobernación de 1990 a 1996.
Tras una terrible convulsión política y social debido al fraude electoral de 1987, se crea el Instituto Federal Electoral como organismo autónomo, siendo su presidente el Secretario de Gobernación, e integrado con representantes del Congreso, de los partidos, y seis Consejeros Magistrados. El Tribunal Federal Electoral de 1990 a 1995 se constituyó con cinco magistrados para resolver las impugnaciones de las elecciones. La Reforma de 1997 faculta al IFE para calificar las elecciones, incrementándose el número de Consejeros Ciudadanos, y convierte al Tribunal en la máxima autoridad jurisdiccional electoral, quedando el gobierno federal fuera del proceso electoral.
Después de la alternancia de la Presidencia de la República en el año 2000 con Fox, las reformas del 2006-2007 y la Reforma Constitucional del Artículo 1 que antepone los derechos humanos, el principio de convencionalidad, la interpretación pro persona y la interpretación difusa de la Constitución, se inicia un cambio radical en los procesos electorales que culmina en 2014 con la creación del INE y la promulgación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE); la Ley General de Partidos Políticos (LGPP); la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP); y se reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME).
A estas leyes hay que añadir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; la Ley de Protección a Datos Privados; el Código Penal, las leyes ambientales y otros 90 instrumentos más de observancia obligatoria los cuales, de forma directa o indirecta, rigen el proceso electoral.
Con esta gran maraña de leyes, los candidatos que no logran ganar con sus precampañas y campañas recurren a la compra de votos, a la intimidación de funcionarios de casilla y de representantes generales y de casilla. Si con todo ello no logran ganar, entonces recurren a la impugnación como último recurso. Esta es una práctica disfrazada de defensa del voto donde muchas veces se busca “negociar” contratos, posiciones de gobierno o pagos. La excesiva normatividad ha propiciado que incluso los tribunales se conviertan en un jugoso mercado de dinero con una gran cauda de sospecha y corrupción.
Como sea, hoy los perdedores prefieren ganar en tribunales lo que no consiguen en las casillas. Así, hemos pasado de lucha entre partidos a la partidocracia (arreglo y componendas en lo oscuro), y de ahí, a la preferencia por candidatos quienes al perder credibilidad por saltar de un partido a otro, dieron paso al poder de los financieros de campañas. En estas últimas elecciones, todo hace ver que se trata de una contienda entre cárteles del narcotráfico, quienes han sustituido a los actores políticos como decisores de la elegibilidad de candidatos y determinantes en los comicios electorales en una tormenta de violencia, delitos, crímenes e inestabilidad social ante la serena contemplación de las autoridades.
¿Qué nos espera?
