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Irregularidades en los censos deja a cientos de niños sin apoyo económico en Chiapas: CNDH

Irregularidades en los censos deja a cientos de niños sin apoyo económico en Chiapas: CNDH
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La investigación realizada por la CNDH, expuesta en la Recomendación 29/2019, revela que tras la eliminación del programa de estancias se han derivado irregularidades en los censos que fueron realizados por la Secretaría de Bienestar para la inscripción al nuevo Programa de Apoyo al Bienestar, dejando a cerca de 6 mil 620 niños anteriormente beneficiarios, sin sostén económico, siendo Chiapas uno de los cinco estados con mayor número de casos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que la cancelación del financiamiento al Programa de Estancias Infantiles únicamente ha logrado vulnerar instancias como los derechos a una vida digna, a la supervivencia, a la inclusión, a un sano desarrollo, a la educación y la salud.        

            La cancelación del Programa de Estancias Infantiles implica una violación a los derechos humanos de los niños y niñas que eran beneficiarios del programa. De la misma manera, ocurre con los padres o tutores de los beneficiarios, trabajadoras y responsables de las instancias infantiles.

En el estado de Chiapas en el periodo del 7 de febrero al 29 de abril de 2019 se registraron 207 casos de beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles agraviadas que documentaron violaciones a los derechos humanos. 

            La entidad se queda con el tercer lugar con 755 casos de niños y niñas no censados, solo detrás de Veracruz y el Estado de México; el estado de estos infantes es que tras no haber sido registrados en el censo por las autoridades correspondientes quedaron privados del apoyo del Programa de Apoyo al Bienestar.

            De los 755 casos registrados, Tuxtla Gutiérrez tiene el primer lugar en número de niñas y niños no censados con 179, le siguen San Cristóbal de Las Casas con 127, Tapachula con 126, Villacorzo con 75, Las Margaritas con 40 y Comitán de Domínguez con 39.

            La Comisión Nacional sostiene que la emisión de las Reglas de la Operación refiere a un acto administrativo de las autoridades que, en el caso de Chiapas, ha limitado el respeto irrestricto a los derechos humanos.

            Hay que añadir que, a pesar de que la Secretaría de Bienestar no entregó el diagnóstico adecuado para los programas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió la autorización presupuestaria, sin embargo, la SHCP también exhortó el establecimiento de mecanismos que restituyan los derechos que han sido violados.

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