* Entre 2016 y 2024, la empresa obtuvo contratos con el Infonavit por más de 701 millones de pesos, en su mayoría por adjudicación directa.
Las contrataciones de la empresa Broxel han generado preocupación debido a presuntas irregularidades en la asignación de contratos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y gobiernos estatales del PAN. Entre 2016 y 2024, la compañía obtuvo diez contratos con el organismo por más de 701 millones de pesos, de los cuales ocho fueron adjudicaciones directas. A nivel estatal, Broxel firmó acuerdos en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, sumando más de 800 millones de pesos.
Uno de los puntos más cuestionados es la justificación de ciertas contrataciones. En 2016, Broxel obtuvo un contrato con el Infonavit para operar tarjetas del programa Mejoravit, y ese antecedente se utilizó en 2024 para asignarle otro contrato sin licitación, esta vez para el programa ConstruYO, que no guarda relación directa con el anterior. Además, se ha documentado al menos una queja ciudadana sobre cargos indebidos en este último esquema.
Las denuncias han llevado a la intervención de diversas instancias, como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Congreso de la Unión, que investigan posibles vínculos entre Broxel y administraciones panistas. La empresa, fundada por Gustavo Gutiérrez Galindo, también ha sido objeto de sanciones previas. En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la amonestó por no cumplir con disposiciones en prevención de lavado de dinero, y en 2022 fue sancionada nuevamente por proporcionar información falsa o incompleta.
En el ámbito federal, Broxel ha acumulado 250 contratos por más de 3 mil 169 millones de pesos, de los cuales 101 fueron adjudicaciones directas. A pesar de las justificaciones sobre el desempeño de la empresa, las denuncias han puesto en duda la transparencia de estos acuerdos y la posible existencia de un trato preferencial en la asignación de recursos públicos.
El nuevo director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, presentó recientemente una serie de irregularidades detectadas en la gestión del organismo, algunas relacionadas con estos esquemas de contratación. Esto ha incrementado la presión sobre las autoridades para esclarecer los procesos y determinar si hubo prácticas indebidas que comprometieran la administración de los recursos destinados a la vivienda.
