Jorge López Arévalo
“Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad” —Simón Bolívar.
Es innegable que Venezuela enfrenta problemas graves y que cerca de ocho millones de venezolanos han salido del país. Sin embargo, ello no otorga legitimidad alguna a que Donald Trump bombardee una nación soberana o secuestre a su presidente, a quien Estados Unidos —y una parte de la población venezolana— califica de dictador. La experiencia histórica muestra, además, que cuando se trata de dictadores aliados a Washington, estos suelen ser protegidos y respaldados, como ocurre en numerosos casos alrededor del mundo.
Conviene recordar que allí donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, las condiciones de vida de la población no han mejorado de manera sostenible ni se han fortalecido los estándares democráticos. Irak, Afganistán, Libia o Siria constituyen ejemplos elocuentes de este patrón.
El enemigo retórico cambia con el tiempo: ayer fue el comunismo, hoy es el narcotráfico. Incluso aceptando —sin conceder— la lógica de esta narrativa, resultaría absurdo bombardear países periféricos mientras se ignora que los principales centros de decisión, así como el sistema financiero donde se lava el dinero, se encuentran en ciudades como Manhattan o Miami. La violencia se descarga sobre quienes operan en la periferia, no sobre quienes controlan el sistema.
Bajo el mismo tipo de acusaciones —como las relativas al llamado “cártel de los Soles”— se justifica la injerencia en Venezuela, pero nada impide que un razonamiento similar se aplique mañana a México o a cualquier otro país. Existen incluso sectores internos que ven con buenos ojos una eventual intervención extranjera, olvidando que, una vez que estas fuerzas ingresan, rara vez se retiran y suelen saquear los recursos disponibles.
En el caso venezolano, el embargo petrolero ya ha sido impuesto, mientras empresas estadounidenses se preparan para acceder a las mayores reservas de petróleo del mundo, tal como lo ha declarado abiertamente Donald Trump. A ello se suma el interés estratégico por las tierras raras, fundamentales para las nuevas tecnologías. No debe haber engaños: el objetivo no es llevar democracia ni prosperidad. La evidencia histórica indica que no lo han hecho antes y no hay razones para pensar que lo harán ahora.
