* Además, la Cámara de Diputados impugnará la prohibición del INE para promover la elección.
La elección judicial de 2025, que se perfila como la más grande de la historia de México, enfrenta una serie de complicaciones que podrían afectar su desarrollo. Según un informe de la consultora Integralia, en esta jornada se disputarán 881 cargos a nivel federal y una gran cantidad de puestos locales en 19 entidades del país. La magnitud del proceso, que se llevará a cabo el 1 de junio, está marcada por una ejecución apresurada y un presupuesto insuficiente, según las autoridades.
La consultora alerta que una gran parte de los recursos financieros utilizados no serán reportados ante el Instituto Nacional Electoral (INE). A nivel legislativo, la Cámara de Diputados ha tomado la decisión de impugnar el acuerdo del INE que prohíbe al Poder Legislativo promover la elección de jueces, magistrados y ministros. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, declaró que esta restricción excede lo que establece la Constitución, dado que no existe ninguna prohibición explícita para que el Ejecutivo o el Legislativo difundan la elección judicial. Con esto, los diputados buscan defender su derecho a informar al público sobre el proceso sin que se considere proselitismo a favor de alguna candidatura.
El INE, por su parte, ha expresado preocupaciones sobre la falta de recursos para organizar la elección judicial. A pesar de haber solicitado una ampliación presupuestal de mil 511 millones de pesos, solo se autorizó una asignación de 800 millones de pesos, lo que ha dificultado la organización de los comicios. La consejera Claudia Zavala señaló que este recorte ha provocado una fuerte presión sobre el personal encargado de llevar a cabo el proceso, ya que se requiere una mayor carga de trabajo con menos recursos humanos. Esto ha generado un ambiente de estrés laboral y preocupaciones sobre la eficiencia de la elección.
Además, los consejeros del INE han pedido transparencia en el manejo del presupuesto y han solicitado una aclaración sobre los gastos que se verán afectados por el recorte. Martín Faz, consejero del INE, indicó que es urgente agilizar la asignación de los 800 millones de pesos, ya que de no hacerlo, se corre el riesgo de no poder contratar los servicios y el personal necesarios para llevar a cabo la organización de la elección. La falta de recursos podría afectar la capacidad de cumplir con los objetivos de la jornada electoral, tanto a nivel federal como local.
Los problemas financieros no solo están afectando al INE, sino también a las autoridades locales encargadas de organizar las elecciones judiciales en los estados. La reducción de fondos ha complicado la logística y la operatividad de las elecciones, que, además, estarán marcadas por una mayor complejidad debido al número de boletas y la implicación de varios cargos a nivel nacional y local.
