* Solo en 2024, la Comisión Estatal de Búsqueda recibió 7.8 millones de pesos
Daniela Alfaro
El Colectivo Madres en Resistencia ha señalado la falta de transparencia en el uso de los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas, a pesar de que desde 2019 se han asignado más de 48 millones de pesos para estas tareas. En una entrevista reciente con Avispa Mídia, las madres de víctimas han denunciado la ineficacia en la localización de los desaparecidos, a pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), que ha recibido asignaciones anuales de fondos, como los 7.8 millones de pesos recibidos en 2024.
Las madres del colectivo expresaron su desilusión por los resultados obtenidos, y cuestionaron la implementación de tecnologías avanzadas enviadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). A pesar de que en 2024 se entregaron equipos como escáneres portátiles de huellas dactilares, las búsquedas siguen realizándose con métodos rudimentarios, como el uso de palos para inspeccionar terrenos. Las madres sostienen que estas prácticas denotan una falta de profesionalismo y compromiso de las autoridades con la causa.
El gobernador Rutilio Escandón, en su informe de avance de gestión financiera 2019-2024, destacó que, a través de la CEB, se implementaron 175 acciones de búsqueda, como mesas de trabajo, operativos de campo, y la difusión de boletines. Sin embargo, el informe no detalló los recursos específicos utilizados en estas actividades, lo que ha generado desconfianza en los colectivos de búsqueda, que insisten en que los esfuerzos de las autoridades no han tenido los resultados esperados.
A nivel social, la situación de violencia en Chiapas ha motivado protestas y huelgas de hambre. El 18 de diciembre de 2024, un grupo de madres y familiares de víctimas de feminicidio y desapariciones comenzó una huelga frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia. En sus pancartas, expresaron la desesperación y el dolor por la falta de avances en los casos de sus seres queridos, como el de Cassandra Arias Torres, desaparecida en 2022. La huelga también buscó exigir la apertura de audiencias y el castigo a los responsables de feminicidios, como el caso de Victora Areola, víctima de feminicidio en 2022 en Tonalá.
Las madres también han llevado a cabo búsquedas propias, en ocasiones enfrentando la indiferencia de las autoridades. Por ejemplo, en una reciente operación en el municipio Emiliano Zapata, descubrieron una fosa clandestina con restos óseos, a pesar de que las autoridades habían asegurado que la zona ya había sido inspeccionada. Este hallazgo se suma a otros 27 reportados en las últimas semanas en varias regiones del estado.
Las denuncias y demandas por parte de las activistas incluyen retrasos en las investigaciones, el uso de equipos inapropiados para la localización de desaparecidos, y la falta de coordinación entre las diversas instituciones encargadas de la búsqueda. Las familias continúan exigiendo que las autoridades asuman la responsabilidad de investigar y dar seguimiento a los casos de desapariciones.
