* Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna anunciaron que aunque no corresponde al Senado ni a la Cámara de Diputados cancelar candidaturas directamente, agotarán las vías jurídicas para exigir la revisión de los registros.
El Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que no tiene facultades para cancelar las candidaturas a la elección judicial antes del 1 de junio, en respuesta a la solicitud de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, quienes pidieron anular 26 registros por presunto incumplimiento de requisitos como buena reputación o promedio académico mínimo. La consejera Norma de la Cruz subrayó que solo después de la jornada electoral podrán revisarse las candidaturas impugnadas.
Las boletas electorales ya fueron impresas y distribuidas, por lo que incluso si se revocaran registros, los nombres seguirían apareciendo el día de la elección. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordó que la evaluación de requisitos correspondió a los Comités de los Poderes de la Unión, no al Instituto. Mientras tanto, el INE activará un mecanismo para recibir denuncias ciudadanas sobre candidatos con antecedentes de violencia de género, deudas alimentarias u órdenes de aprehensión, pero el informe final se presentará hasta el 13 de junio.
Entre las 26 personas impugnadas por el Congreso hay casos de vínculos con investigaciones de la Fiscalía General de la República, decisiones cuestionadas en casos de delincuencia organizada y la supuesta omisión de requisitos académicos. Sin embargo, especialistas como la abogada Melissa Ayala advirtieron que, sin sentencias firmes, no se puede impedir el acceso a cargos públicos, aludiendo al principio de presunción de inocencia.
Ocho aspirantes fueron señalados por no acreditar el promedio mínimo de ocho en la licenciatura en derecho. Este requisito, aunque establecido en la Constitución, debió ser verificado por los Comités de Evaluación. Expertos apuntan que la eventual anulación de alguna candidatura después de las elecciones, por este tipo de omisiones, podría afectar la legitimidad del proceso y generar conflictos legales.
Ante la negativa anticipada del INE, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna anunciaron que, de confirmarse esta postura, acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la decisión. Ambos legisladores coincidieron en que, aunque no corresponde al Senado ni a la Cámara de Diputados cancelar candidaturas directamente, agotarán las vías jurídicas para exigir la revisión de los registros.
El INE tiene previsto pronunciarse oficialmente el próximo 8 de mayo sobre el caso del aspirante César Mario Gutiérrez Priego, acusado de no cumplir con el requisito de buena reputación. No obstante, la postura institucional parece consolidarse en no intervenir antes del proceso electoral. Cualquier modificación o cancelación de candidaturas ocurrirá, en todo caso, después de los comicios y conforme a los procedimientos de impugnación establecidos por la Constitución.
