* Cerca de 7 mil ciudadanos tseltales y tsotsiles marcharon exigiendo justicia y seguridad. También, al menos 18 familias desplazadas pidieron al gobierno garantías para regresar a sus hogares.
Daniela Alfaro
El pasado sábado, alrededor de 7 mil indígenas, acompañados por organizaciones civiles y religiosas, marcharon en San Cristóbal de Las Casas, exigiendo justicia, seguridad y el desarme de los grupos criminales que han desbordado la región en los últimos años. La manifestación, organizada por la asociación Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal, se produjo en respuesta al recrudecimiento de la violencia en las comunidades indígenas del estado, donde los habitantes han denunciado tanto el aumento de los crímenes como la impunidad que ha permitido su perpetuación.
Petra López, vocera de Pueblo Creyente, fue una de las principales oradoras durante la protesta y destacó que la violencia en Chiapas no debe ser considerada únicamente un problema social, como afirman algunas autoridades. López exigió una respuesta más contundente por parte de los gobiernos estatal y federal, señalando que las comunidades indígenas tienen derecho a vivir en condiciones dignas y seguras. “El derecho a una vida digna se debe cumplir con justicia y libertad, frente a la marginación y la violencia que estamos viviendo”, declaró López.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, ocurrido en octubre de 2024, fue uno de los temas más mencionados por los manifestantes, quienes pidieron que las autoridades aclaren los hechos de su muerte. Según las organizaciones presentes, su asesinato, al igual que otros crímenes ocurridos en la región, no ha sido debidamente investigado, y las autoridades han mostrado poco interés en una resolución efectiva. Los participantes en la marcha llamaron a que los casos de violencia sean tratados con seriedad y sin interferencias políticas.
La marcha también hizo hincapié en la necesidad de desarmar a los grupos criminales que operan en la región. Según los organizadores, estos grupos no solo cometen delitos, sino que también reclutan de manera forzada a jóvenes y familias, lo que genera desplazamientos forzados en comunidades enteras. Particularmente, las comunidades que han sido históricamente aliadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se encuentran entre las más afectadas por este fenómeno, que sigue sin una respuesta eficaz por parte de las autoridades.
En paralelo, 18 familias tseltales y tsotsiles de la zona norte del estado, desplazadas por un grupo armado, protestaron frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Las familias exigieron la presencia de fuerzas de seguridad y de paz en sus comunidades, pues, según denuncian, los grupos armados continúan operando en la zona sin que las autoridades intervengan. Las familias indicaron que, debido al riesgo que corren, prefieren no revelar el municipio donde residen.
El activista de derechos humanos, Miguel Ángel Rivera Cancino, quien encabezó la protesta, solicitó una audiencia con el gobernador para discutir una solución que permita a las familias regresar a sus hogares de manera segura. A pesar de las peticiones, las familias y organizaciones reclaman que las autoridades aún no han tomado las medidas necesarias para frenar la violencia ni garantizar el retorno seguro de los desplazados.
