* Activistas señalaron que enfrentan la persecución del INM y la COMAR, organismos señalados de operar con políticas de puertas cerradas. Denunciaron que la burocracia y las irregularidades han transformado la frontera sur en una “cárcel migratoria”.
Daniela Alfaro
Ante la creciente desconfianza hacia el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Centro de Dignificación Humana anunció que promoverá una serie de juicios de amparo para proteger a los migrantes que deseen establecerse en esta ciudad. Según Luis Rey García Villagrán, representante de la organización, existe una “oleada de personas” que han decidido quedarse en Tapachula para trabajar y vivir, pero enfrentan múltiples obstáculos burocráticos.
García Villagrán explicó que los migrantes temen que las acciones del INM no sean en su beneficio y destacó que el organismo ha ganado la reputación de ser persecutor y de operar con “puertas cerradas”. Esto, señaló, ha generado un temor fundado entre los migrantes, quienes sienten que tanto el INM como la COMAR operan con procedimientos opacos y excesivamente burocráticos que dificultan la regularización de su situación legal.
Los amparos buscan garantizar los derechos de los migrantes ante lo que consideran un trato injusto. Según García Villagrán, el Estado mexicano ha convertido a Tapachula en una especie de “cárcel migratoria” y, en lugar de facilitar procesos legales, utiliza las caravanas como una estrategia para despresurizar la frontera sur. “Es inaceptable que hagan caminar a mujeres y niños para presionar, en lugar de atender sus necesidades de manera inmediata”, declaró.
El activista también llamó a las autoridades a actuar con transparencia y a respetar los derechos de los migrantes. Insistió en que es fundamental que tanto el INM como la COMAR abran sus puertas y colaboren con organizaciones no gubernamentales, prestadores de servicios y ciudadanos para generar confianza y soluciones efectivas.
Luis Rey García Villagrán recordó que desde hace dos años las restricciones impuestas por el INM han complicado aún más la situación de los migrantes, especialmente aquellos en condiciones de alta vulnerabilidad. Exigió que se aplique la ley de manera justa y se restablezcan los derechos contemplados en el artículo 52 de la Ley de Migración, que protege a las víctimas y solicitantes de refugio.
Finalmente, el representante del Centro de Dignificación Humana hizo un llamado al Poder Judicial para que actúe como un contrapeso y brinde soluciones legales a los migrantes que buscan establecerse en Tapachula. “Lo único que pedimos es la aplicación de la ley y que los migrantes tengan una oportunidad justa de regularizar su situación, sin temor a ser perseguidos o deportados injustamente”, concluyó.
