+ Incongruente justicia selectiva…
+ Karla Burguete; auto re-victimizada…
+ Carlos Morales, el violador consentido…
+ La ignorancia de los Consejeros…
Ruperto Portela Alvarado.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN AMENAZADA…
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Acotar, censurar, amenazar y amedrentar a la libertad de expresión y los periodistas, ha sido una tendencia de los gobiernos de cualquier tendencia en el mundo, México y por supuesto en nuestro Estado. Sucedió con CARLOS SALINAS DE GORTARI y en Chiapas con la llamada “Ley Mordaza” del entonces Gobernador PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA.
Pero como todo lo malo se aprende fácilmente, los gobiernos federal de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y en Chiapas el municipal de Tuxtla Gutiérrez que comanda CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ, tienen esa pretensión de cooptar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. No digo que el Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, porque hasta donde va su administración, “ni para bien ni para mal; ni en contra ni a favor de los periodistas”.
Me queda la desagradable experiencia de la sindicación hecha al Alcalde CARLOS MORALES VÁZQUEZ por “Violencia Política de Género y Laboral” en contra de la Regidora, ADRIANA GUILLÉN HERNÁNDEZ que el cuerpo colegiado del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), “declaró fundado”, e inclusive sentenció inscribirlo en el registro de “personas no morales” para aspirar a un cargo de elección popular. Pero no sucedió nada, puesto que “siendo juez y parte”, la instancia juzgadora lo exoneró de esa culpa manifiesta.
Lo mismo sucedió cuando este mismo Alcalde, CARLOS MORALES fue denunciado ante el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, por un presunto acto de corrupción al adjudicar de manera directa –violando la Ley de Adquisiciones—la compra de 3 mil 834 contenedores para basura por 28 millones de pesos a la empresa de mala fama, PROACTIVA- VEOLIA, con quien tiene contratos calificados de sospechosos. Aquí también hubo tráfico de influencia y protección a un actor de posible acto delincuencial.
KARLA BURGUETE, EL ESCUDO…
La misma ruta del abuso del poder y el dinero se está consumando con la denuncia de la ex Síndica y ex Presidenta Municipal Interina, KARLA BURGUETE TORRESTIANA, contra el director de “Agencia55”, VINICIO PORTELA HERNÁNDEZ, a quien acusa de “Violencia Política de Género”, alegando daño emocional porque la difusión hecha de una lona con su nombre y fotografía, fue vista por muchos seguidores y tuvo cientos “me gusta”. Incongruente argumento.
En primera instancia, me parece que a la ahora Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla, KARLA BURGUETE TORRESTIANA, el Alcalde CARLOS MORALES VÁZQUEZ la está utilizando como escudo y venganza por todos los señalamientos de irregularidades y presunta corrupción en esta administración y el anterior trienio que ellos mismos ejercieron, de parte del director de “Agencia55”, VINICIO PORTELA HERNÁNDEZ.
Para esto, el Presidente Municipal CARLOS MORALES con el apoyo y protección de su hermano PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ, están utilizando los canales de poder del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) y el Tribunal Electoral del Estado sólo contra VINICIO PORTELA HERNÁNDEZ, exonerando a los otros dos periodistas que también estuvieron implicados en la queja presentada ante estas autoridades, lo que indica una persecución al director de “Agencia55” y la aplicación de una “justicia selectiva” como venganza.
En el escenario de esta controversia que ya había desechado el IEPC exonerando a los implicados de la queja interpuesta por KARLA BURGUETE TORRRESTIANA, ahora el “árbitro electoral” se erige en “Fiscalía a Modo” y se retracta de lo ya juzgado. También implica que la funcionaria municipal se “auto re-victimiza” y declara con “daño emocional” cuando nada es cierto, pues sigue en sus quehaceres ahora como Secretaria General del Ayuntamiento.
Quiero creer que, además de un acto de venganza donde KARLA BURGUETE TORRESTIANA es el escudo y ariete del Edil CARLOS MORALES VÁZQUEZ, también hay la intención de intimidar, amenazar, menoscabar y limitar la libertad de expresión, de prensa y los derechos humanos de los periodistas, utilizando al IEPC y el supuesto de “Violencia Política de Género”.
Estamos ante un caso de autoridades electorales (IEPC y TEECH) ignorantes de los preceptos constitucionales y naturales de la libertad de expresión, donde violan el debido proceso al no permitir la presentación del implicado, nunca notificarle de lo que se le acusa para que pudiera instrumentar su defensa y además, filtrar las deliberaciones y acuerdos a través de terceros, como sucedió con una diputada de marca Morena.
De la misma manera, las Consejeras y Consejeros del IEPC, nunca consultaron –seguramente porque lo ignoran—los preceptos y derechos que rigen la Libertad de Expresión, de Prensa y los Derechos Humanos, como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y organizaciones de Periodistas como Reporteros Sin Frontera y Artículo 19. Y no los tomaron en cuenta porque no tienen conocimiento de ellos y solo se remiten a sus interpretaciones.
Todo esto obliga a señalar que la “presunta ofendida” nunca denunció a quien o quienes colgaron la lona donde le hacían determinados señalamientos personales, pero “sí atacó con todo al mensajero” para desviar la atención de lo que de ella se decía. Esa controversia la hizo a un lado cuando era el centro del tema y no los periodistas que la difundieron, que hoy trata de castigar el IEPC.
Se debe consignar que en el transcurso de este caso, tanto el IEPC como el TEECH cometieron el error de la “censura previa”, la divulgación de información del proceso y la posible complicidad con el Alcalde CARLOS MORALES VÁZQUEZ y la “presunta ofendida” KARLA BURGUETE TORRESTIANA en un tráfico de influencias que se debe castigar exigiendo “JUICIO POLÍTICO” en contra de las y los Consejeros Electorales, incluyendo al Consejero Presidente, OSWALDO CHACÓN ROJAS…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.
