Manuel Ruiseñor Liévano
Focos rojos continúan encendiéndose respecto de la apreciación y medición, que los más destacados organismos internacionales tienen sobre el hoy y el mañana de nuestro país. Por ejemplo —para no ir más lejos—, basta con alzar la mirado y situarla en un reporte recientemente dado a conocer por HUMAN RIGHTS WHATCH (HRW), respecto a que México es una de las naciones con mayor deterioro democrático y graves violaciones a los derechos humanos en el orbe entero.
Aquí conviene recordar que este organización no gubernamental, independiente, fue creada en 1978 a efecto de investigar, documentar y denunciar abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. Con sede en Nueva York, agrupa a más de 500 expertos, algunos de ellos mexicanos.
En el reporte, se habla, entre otros temas, sobre la eliminación de contrapesos al poder, los niveles extremos de violencia criminal, así como la impunidad persistente y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Ahondando sus apreciaciones, HRW observa una contradicción entre el discurso internacional del gobierno de Sheinbaum y la realidad interna del país.
En particular, alerta que “preocupa de manera muy grave” la crisis de desapariciones forzadas, con más de 133 mil casos, y califica como un “ataque frontal” la postura del gobierno de la presidenta Sheinbaum de no reconocer la desaparición como un “fenómeno estructural”.
A estos factores se suma, indicó la ONG, un proceso sostenido de “erosión democrática”, iniciado bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y profundizado con reformas recientes que han debilitado la independencia judicial, ampliado la prisión preventiva oficiosa y consolidado la militarización del país.
En el reporte llama la atención el hecho de que la periodista mexicana Denise Dresser, integrante del consejo asesor de HRW para América Latina, subraye que el Informe “marque un punto de quiebrenal ubicar por primera vez a México entre los peores casos de erosión democrática”.
Y es que, a todo esto, habría dicho Dresser, nuestro país siempre se había mantenido lejos de los “peores ofensores de los derechos humanos como Hungría, Polonia, India, Turquía”.
Estar de acuerdo o no con este reporte, no es tan relevante como el hecho mismo que hoy por hoy los ojos del mundo vuelve a posarse sobre la violencia y la democracia en México y eso nos motive a estar mayormente atentos al acontecer.
¿Y CHIAPAS?
A todo esto ¿qué pasa en Chiapas en materia de derechos humanos y seguridad pública? Para empezar habría que referir el anuncio dado a conocer apenas ayer por el gobernador del estado, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, quien durante un evento realizado en la capital chiapaneca confirmó la puesta en marcha de una estrategia de seguridad llamada Operación Hostigamiento, cuyo propósito es combatir a la delincuencia.
Afirmó que se colocarán filtros de seguridad en todos los rincones de la entidad, y estos retenes se instalarán debido a que se han detectado actividades de grupos delictivos que “están arrinconados y quieren venir a hacer su desmadre (sic) en la capital del estado.
En ese acto, hubo dicho que por cada acción delictiva habría una respuesta de la autoridad, añadiendo que lo restante sería que la población pusiera en marcha medidas preventivas.
Todo lo anterior, es la respuesta institucional del gobierno chiapaneco al recrudecimiento de acciones criminales en la capital del estado.
En resumen, la nueva postura en seguridad pública es que habrá combate directo a los delitos de homicidio, asaltos a carreteras, extorsión, además de secuestro y robo (con o sin violencia). Todo ello, “ sin descuidar el resto de la incidencia delictiva, porque no se dará lugar para que Chiapas regrese a la violencia”.
A MANERA DE COLOFÓN
Sin duda, estamos ante una estrategia de seguridad que, apenas a unas cuentas horas de haber sido dada a conocer por la máxima autoridad del estado, ya contaba en redes sociales con un vasto respaldo proveniente de representantes de los poderes legislativo y judicial, así como por miembros destacados del sector y privado y de la sociedad en general, los cuales respondieron al llamado del gobernador a hacer conciencia y para ser solidarios con el vecino, “dejando a un lado la indiferencia”.
Llama poderosamente la atención el hecho de que con motivo del anuncio, no hayan surgido manifestaciones públicas de preocupación por la actuación de las fuerzas del orden público, especialmente las del grupo de reacción inmediata, conocido por el nombre de “Pakal”, sobre el cual y en diversos operativos, ha sido señalado por un actuar presuntamente violatorio de los derechos humanos de la población, tal y como ha sido consignado en las páginas digitales de Alfaro Noticias.
No obstante y en nuestro personal parecer, la medida anunciada es una etapa que ya se había previsto como posibilidad en la hoja de ruta de la nueva era de la seguridad pública de Chiapas. Un tema en el cual debe existir en todo momento, capacidad de adaptación, reforzamiento y nuevos instrumentos e implementos de combate en respuesta a la dinámica de los grupos delictivos.
La convocatoria del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar está en el aire de la comunicación y en consecuencia está siendo atendida por los chiapanecos. Toca ahora a los órdenes de gobierno, a las instituciones públicas y, por supuesto, a la sociedad misma, hacer lo que a cada cual corresponde.
Y es que, si en algo podemos estar de acuerdo todos, es que el tema de la seguridad es el más sensible en la percepción ciudadana y, por consiguiente, el que más podría involucrarnos para cerrar filas en torno a la tranquilidad y la concordia en el estado. ¿O no?
