Enrique Alfaro
En el país existió una época en que los fraudes electorales se organizaban desde las instituciones electorales y que llegó a su clímax en 1988 cuando Manuel Bartlett encabezaba la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que organizaba las elecciones presidenciales en las que competían Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas.
A partir de esa fecha, por exigencia de la oposición, se separó al organo electoral del gobierno y se ciudadanizó su estructura. Desde entonces los procesos se volvieron creíbles al grado de que el entonces partido oficial perdió primero el congreso federal y posteriormente la presidencia de la república. En México se dio la tan anhelada alternancia política.
Actualmente, sin embargo, el presidente de la república y su partido mantienen un discurso contrario a la autoridad electoral ciudadanizada a la que acusan de seguir convalidando fraudes. Yo creo que efectivamente se sigue practicando fraudes al voto popular desde las instituciones pero no desde el Instituto Nacional Electoral. Es un fraude a la vista de todos del que no se habla desde el actual partido oficial ni en las mañaneras.
Si se considera que el sufragio popular es un mandato, que los votos expresan la pluralidad que el pueblo se da para el ejercicio de gobierno desde las cámaras legislativas, estamos presenciando el más grande fraude electoral que se conoce desde 1988. Es un fraude donde los principales organizadores son los partidos políticos.
Resulta una práctica contraria a la verdadera representatividad que un partido postule como candidato a diputado a quién pertenece a otro partido y se integrará al grupo parlamentario del último, pero los votos que obtuvo se contabilizarán para efectos de reparto plurinominal al partido primero que lo postuló. En la cámara representará a un partido distinto por el que se votó, pero sus votos se contabilizarán para asignar diputados de representación proporcional al partido del que fue candidato. Eso sucede en la actual cámara federal de diputados.
Por eso el Instituto Nacional Electoral determinó un nuevo mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de Representación Proporcional en la cámara de diputados que correspondan a los partidos políticos con base en los resultados que cada uno obtenga en la jornada electoral.
El acuerdo aprobado busca evitar la sobrerrepresentación y que se haga efectivo el principio constitucional establecido en el artículo 54 de la Carta Magna, que establece que “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Para cumplir con este precepto constitucional el INE verificará la afiliación efectiva de cada uno de los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa; es decir, aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura. Por tanto, el triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual el candidato ganador tengan una “afiliación efectiva”.
Este acuerdo pretende evitar esta burla al voto popular, al mandato del sufragio, a la representatividad que otorgan los votos. Empero, el acuerdo del INE no tiene alcances para evitar el mercadeo descarado de diputaciones en las cámaras legislativas.
Las diputaciones actualmente se mercadean al mejor postor. No importa la pluralidad resultante del mandato de los votos, no importa la voluntad expresada en las urnas, los partidos políticos están dispuestos a “comprar” diputaciones para efectos de lograr mayorías simple o calificada para poder modificar la constitución.
Por ejemplo, Morena en la presente legislatura federal tiene en su grupo parlamentario cinco diputados que originalmente fueron electos por el PVEM, además de uno del PAN y otro del PRD que dicidieron pasar a formar parte del partido mayoritario. Esto independientemente de los 50 legisladores del PES y PT que “chapulinearon” hacia Morena, bajo la modalidad que ahora evita el acuerdo del INE.
El Congreso Federal así se ha convertido en un mercado donde se distorsiona, manipula y contraviene la pluralidad que resulta del voto de los mexicanos. No importa lo que se elige en los distritos si en la cámara se convierten, transfieren y cambian de partido. Eso es burlar la voluntad popular y Morena es el mayor beneficiario de ello.
Los partidos políticos deben terminar con el fraude electoral que se organiza desde una institución que no es el INE sino el Congreso Federal. Ellos y solo ellos, son los responsable de burlar la voluntad popular, la pluralidad que los mexicanos deciden en las urnas (Hoja de apuntes).
