Hija de extrabajadora del DIF Chiapas exige justicia tras 15 años de despido injustificado
* Tania Santiago Suárez pidió al gobierno estatal cumplir la sentencia emitida en favor de su madre, despedida durante el sexenio de Juan Sabines.
Redacción / Alfaro Noticias
A quince años del presunto despido injustificado de una trabajadora del Sistema Estatal DIF, su hija, Tania Santiago Suárez, exigió justicia y el cumplimiento de la resolución que ordena la reparación del daño, tras una larga disputa legal iniciada en el sexenio de Juan Sabines Guerrero.
En conferencia de prensa frente al Congreso del Estado, Santiago Suárez denunció que su madre, quien laboró más de quince años en la institución, fue separada de su cargo sin causa justificada y bajo presión para firmar documentos en los que no estaba de acuerdo. De acuerdo con su testimonio, la mujer fue víctima de violencia institucional y amenazas laborales, lo que la llevó a iniciar un proceso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
La denunciante afirmó que, pese a que el caso ya cuenta con una sentencia favorable, los montos no han sido actualizados ni las cuentas liberadas, lo que ha impedido el cumplimiento total del fallo. “El caso ya está ganado, solo falta que se liberen los recursos y se reconozcan los derechos que durante años se nos han negado”, expresó.
Santiago relató que, tras el fallecimiento de su madre cinco años después de iniciada la demanda, asumió la representación del caso junto con su hermano, quien actualmente tiene 16 años. Señaló que la falta de resolución ha afectado su derecho a la pensión y protección social que por ley correspondía al menor.
Durante su intervención, hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la presidenta del DIF Chiapas, Sofía Espinoza, para revisar el expediente y garantizar una resolución definitiva. “Confío en que el actual gobierno actuará con congruencia y sensibilidad; no pedimos discursos, pedimos justicia”, expresó.
El caso permanece en proceso de ejecución ante los tribunales laborales, luego de que la Junta de Conciliación y Arbitraje concluyera sus funciones y los expedientes fueran trasladados al nuevo tribunal competente.
