* Según el Diario Oficial de la Federación, el Congreso local aprobó nuevos créditos por 12 mil millones de pesos. Además, se reportan recortes en áreas como la Secretaría de la Mujer y el campo.
Redacción / Alfaro Noticias
El Gobierno del Estado desmintió recientemente la circulación de información sobre la adquisición de una nueva deuda estatal, aclarando que la administración se mantiene comprometida con una gestión responsable y transparente de los recursos públicos. En lugar de contraer nuevos créditos, el Ejecutivo ha enfocado sus esfuerzos en renegociar la deuda pública heredada por administraciones anteriores.
La renegociación de la deuda se encuentra enmarcada en la Ley de Ingresos 2025, que autoriza al Gobierno del Estado a modificar los términos de los créditos existentes sin generar nuevos pasivos. Según el gobierno, esta medida tiene como principal objetivo mejorar las condiciones financieras del estado, lo que permitirá obtener mejores tasas de interés y reducir los pagos a corto plazo.
De acuerdo con los detalles proporcionados, la deuda pública heredada por el gobierno de Manuel Velasco asciende a 18 mil 901 millones de pesos. De este monto, 12 mil 325 millones corresponden a créditos adquiridos con instituciones financieras, mientras que 6 mil 576 millones provienen de la emisión de bonos bursátiles. La reestructuración está orientada a reducir los pagos anuales, liberando así recursos que podrán ser utilizados para proyectos prioritarios en diversas áreas.
A pesar de esta aclaración, diversos medios locales han reportado que el Congreso del Estado aprobó la posibilidad de que el gobierno actual contrate nuevos créditos por hasta 12 mil millones de pesos, una cifra equivalente a la deuda adquirida durante la administración de Velasco. Estos fondos se destinarían exclusivamente al refinanciamiento y la reestructuración de los créditos existentes.
El nuevo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que uno de los objetivos de la reestructuración de la deuda es liberar recursos para enfrentar los desafíos económicos y sociales del estado. En particular, se enfatizó que parte de los ahorros generados por esta estrategia financiera serán canalizados a proyectos en áreas clave como la infraestructura pública y la seguridad.
Por otro lado, aunque se prevé una reorientación de los recursos hacia sectores prioritarios, también se ha informado que algunas áreas del gobierno, como la Secretaría de la Mujer y el campo chiapaneco, experimentan recortes presupuestales.
