* La propuesta sería enviada primero al Congreso local y, de aprobarse, turnada al Congreso de la Unión como un precedente en la estrategia de seguridad pública estatal
Redacción / Alfaro Noticias
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa para solicitar que las corporaciones de seguridad pública estatal puedan portar armas de alto poder, con el argumento de fortalecer su capacidad operativa frente a la delincuencia organizada.
De acuerdo con lo informado por el mandatario en sus redes sociales, la propuesta contempla que, una vez aprobada por la Legislatura local, el proyecto sea turnado al Congreso de la Unión, instancia facultada para autorizar este tipo de armamento a corporaciones estatales. De concretarse, Chiapas se convertiría en la primera entidad del país en contar con policías estatales equipadas formalmente con este tipo de armas.
El gobernador señaló que la iniciativa responde al contexto de violencia registrado en la entidad a partir de 2021, derivado de disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, así como a la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas acordes a los riesgos que enfrentan en diversas regiones del estado.
Desde el inicio de la actual administración, el 8 de diciembre de 2024, el gobierno estatal puso en marcha la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, un grupo especializado integrado por más de 500 elementos, equipado con armamento y tecnología táctica, incluido un helicóptero Black Hawk. Según el gobierno de Chiapas, este despliegue ha contribuido a la disminución de hechos violentos en carreteras y comunidades.
En paralelo, la administración estatal ha reportado inversiones en equipamiento y profesionalización de los cuerpos de seguridad, como la adquisición de vehículos blindados, drones, sistemas de videovigilancia y equipo de protección personal, además de incrementos salariales y procesos de depuración interna.
Ramírez Aguilar ha señalado que la estrategia de seguridad se desarrolla en coordinación con el gobierno federal y con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías federal y estatal. La iniciativa anunciada deberá ser discutida en el Congreso local antes de iniciar su eventual trámite ante el Poder Legislativo federal.
