* Organizaciones revelan que, entre abril y mayo de 2019, durante el primer año del sexenio, el spyware Pegasus fue usado contra periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos mexicanos, sin que haya responsables sancionados.
Entre abril y mayo de 2019, los teléfonos de al menos 456 personas en México fueron intervenidos con el software Pegasus, según documentos judiciales del juicio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group en Estados Unidos. Esta cifra representa el 37 por ciento de los mil 233 ataques detectados globalmente por WhatsApp, lo que posiciona al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el mayor usuario de esta herramienta de espionaje a nivel mundial, de acuerdo con la organización R3D.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 señalaron que esta nueva información exhibe la magnitud del espionaje estatal durante el actual sexenio, pese a que el presidente aseguró públicamente que su administración no incurría en estas prácticas. Las organizaciones advirtieron que el uso de Pegasus ha sido sistemáticamente negado, tanto por el gobierno como por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien suscribió un contrato para adquirir este sistema el 12 de abril de 2019, a través de la empresa Comercializadora Antsua.
Los casos confirmados por análisis forense incluyen el del periodista Ricardo Raphael, el defensor Raymundo Ramos y un reportero de Animal Político, cuyos teléfonos fueron infectados mientras investigaban posibles violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. A pesar de que la Sedena ha negado reiteradamente la existencia del Centro Militar de Inteligencia, esta unidad fue mencionada incluso en informes oficiales como parte de las labores de inteligencia del Ejército.
En entrevista con Aristegui en Vivo, Luis Fernando García, director de R3D, afirmó que durante el sexenio de López Obrador México fue, “por mucho”, el cliente más activo de NSO Group. A pesar de las pruebas documentadas por organizaciones, medios y laboratorios forenses, ninguna persona ha sido procesada o sentenciada en México por el espionaje con Pegasus.
Las víctimas han presentado denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2017, 2022 y 2023, sin resultados. A la par, el gobierno se ha resistido a entregar los contratos relacionados con la adquisición del software, incluso desobedeciendo resoluciones del INAI que ordenan abrir esa información al público.
Activistas han señalado que el caso pone en entredicho el compromiso de transparencia e institucionalidad expresado por el propio presidente, quien en marzo de 2023 declaró que no había nada ilegal y que prefería “la inteligencia sobre la fuerza”. Sin embargo, las acciones del gobierno contradicen esas declaraciones, dejando en evidencia un sistema de vigilancia operado desde el Estado, en la opacidad y sin consecuencias legales.
