* El Senado recibió la renuncia del fiscal general, quien será propuesto como embajador y cuyo relevo iniciará conforme al procedimiento constitucional
El Senado de la República notificó este jueves la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, a casi dos años de concluir su periodo legal. La dimisión fue entregada formalmente por un mensajero de la institución y se integró de inmediato a los trabajos legislativos.
De acuerdo con la información difundida por la Cámara Alta, la renuncia responde a la propuesta del Gobierno federal para que Gertz Manero asuma una representación diplomática en el exterior. En su carta, el funcionario expresó que la encomienda le permitirá continuar en el servicio público y solicitó al Senado iniciar el proceso previsto en el artículo 102 constitucional para elegir a su sustitución.
Con la salida del fiscal, corresponde a la Presidencia enviar una terna durante los próximos días. Posteriormente, el Senado deberá llamar a comparecer a las personas propuestas, dictaminar su idoneidad y elegir al nuevo titular mediante una mayoría calificada. En tanto, la Fiscalía Especializada de Control Competencial quedará a cargo de manera temporal, encabezada por Cristina Reséndiz, como establece la ley.
La renuncia ocurre en un momento de reconfiguración dentro del gabinete de seguridad federal, ya bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gertz era la única figura del sector que no había sido designada por la actual administración, lo que vuelve su salida un punto de inflexión para cerrar la integración del equipo encargado de seguridad y justicia.
Alejandro Gertz Manero, de 86 años, fue el primer fiscal general autónomo tras la transformación de la antigua Procuraduría en 2019. Su trayectoria abarca seis décadas en la vida pública, en las que ocupó cargos en administraciones priistas, perredistas y panistas, así como posiciones clave en materia de seguridad nacional. Su paso por la FGR también estuvo acompañado de críticas por presunto uso político de la institución, así como por decisiones controvertidas en casos de alto perfil.
La Presidencia y el Senado deberán continuar ahora con el proceso para definir a quien conducirá la Fiscalía durante los próximos años, en un contexto de exigencias ciudadanas por fortalecer la coordinación entre fiscalías y combatir los elevados índices de impunidad.
