* Aseguró que su detención fue una represalia por denunciar presuntos actos de corrupción en las instituciones migratorias y anunció que continuará defendiendo a los migrantes
Redacción / Alfaro Noticias
Siete días después de su arresto, el director del Centro de Dignificación Humana AC, Luis García Villagrán, ofreció una conferencia de prensa en el Parque Bicentenario de Tapachula, donde afirmó que su detención formó parte de una persecución política derivada de sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El defensor de derechos humanos dijo que cuenta con tres carpetas de investigación abiertas y acusó a exfuncionarios y actuales servidores públicos de facilitar el tráfico de personas, la venta de documentos migratorios y de beneficiarse económicamente de la movilidad de extranjeros. Entre las irregularidades que señaló se encuentran la presunta comercialización de formas migratorias múltiples y tarjetas de residencia a precios que, aseguró, alcanzan hasta 50 mil pesos.
García Villagrán criticó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al fiscal Alejandro Gertz Manero por afirmar que existían 75 pruebas en su contra, las cuales, sostuvo, no cumplen con los requisitos legales para ser consideradas como tales. También denunció la intervención de sus comunicaciones durante un año sin que, dijo, se presentaran hallazgos relevantes.
El activista, quien fue liberado recientemente, agradeció el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales, así como de su familia, y advirtió que llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que continuará con su labor en defensa de las personas migrantes, incluso si enfrenta nuevas acciones legales en su contra.
En redes sociales, García Villagrán reiteró su llamado a organismos internacionales como la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investiguen la presunta corrupción en el INM y la Comar, y responsabilizó a varios funcionarios de enriquecimiento ilícito y de mantener vínculos con la delincuencia organizada.
