Sr. López
Llegó sin anunciarse a la Ciudad de México, a casa de la abuela Elena, la paterno autleca, un joven de allá del pueblo. Extrañada lo recibió y sorprendida, lo oyó identificarse como nieto del señor que mató a su papá por la espalda, más de 40 años atrás, por lo que en nombre de su familia (de él), le fue a pedir perdón. La abuela, que de tonta no tenía un pelo y en la lengua tampoco, le respondió muy seria: -Mire, muchachito baboso, ni usted ni su familia me hicieron nada, si vive su abuelo que venga y yo misma le cobro la que hizo, si no vive, tráigame sus huesos para dárselos a mis perros–y ¡listo!, se acabó la plática.
Torturar nunca es válido. Si se tortura al peor de los criminales, el torturador es peor. Nada lo justifica, ni como castigo ni para obtener información o supuestas confesiones. La tortura forma parte de la historia del mundo y con diferentes reglas siempre se recurrió a ella (un ‘por cierto’: no ande yendo a ver en museos poco serios, exposiciones de los espeluznantes instrumentos de tortura de la Inquisición, es cuento, ahí léase un día que la dispepsia se lo permita, la Bula del papa Inocencio IV, ‘Ad extirpanda’, de 1252, en la que se manda que la tortura aplicada al reo, “no debe dañar el cuerpo o causar peligro de muerte”… a lo mejor les decían muchas groserías, vaya usted a saber). Es igual. Hasta el siglo XVIII, se empezó a abolir la tortura en Europa y para más o menos 1825, ya casi no había país europeo que la permitiera; en África, Oriente y lo demás, se aplicó y aplica, por ejemplo en los EUA donde es legal y hasta manual tiene… ahí échese un clavado en internet y verá que este menda no lo engaña.
La tortura está prohibida en México desde que nos independizaron de España (sí, eso de ‘nos independizamos’, suena a mucha gente: nos independizaron); ahora el artículo 22 de la Constitución, lo norma: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales (…)”; ya otro día con calmita podríamos ver cómo está eso de la ‘Ley de extinción de dominio’ que en rigor solo debería aplicar a lo obtenido con recursos de procedencia ilícita, no porque le rentó usted su casa a un tipo que resultó ser narco.
Cuando alguien o algunos no están de acuerdo con el régimen de su país, muy bien pueden lanzarse a la ilegalidad y alzarse en armas. Si ganan son héroes. Si pierden, no; con suerte se encuentran sus cadáveres.
Así las cosas, cuando en nuestro país se tortura a alguien, NO es el Estado mexicano el que lo hace. Cuando pasa -que sí pasa y jamás se justifica-, lo hace quien lo hace y él es el responsable tanto como quien se lo ordena o sabiéndolo, no lo denuncia. Pero la mancha NO cae sobre el Estado mexicano, sino sobre quienes no se sujetaron a la ley para mantener la legalidad.
El pasado lunes, a nombre del Estado mexicano, doña Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y el Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, ofrecieron una disculpa pública a una señora de nombre Martha Camacho Loaiza, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, por haber sido detenida sin formalidades legales y haber sido torturada en 1977 (aparte le asesinaron al esposo y alumbró a su hijo, presa).
Doña Olguita dijo “(…) ningún caso del pasado puede quedar en la impunidad y estas atrocidades no deben repetirse jamás”. Don Encinas, remató de pecho: “(…) es momento de saldar cuentas con el pasado (…) no se trata de revancha o persecución del pasado, sino una reconciliación”.
¿Sí?… pues no, la señora Camacho Loaiza, dijo clarito: “Una cosa es que me pidan una disculpa y otra que conceda el perdón” -y en referencia al dicho del Pedro Salmerón sobre los “jóvenes valientes” de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que asesinaron a Eugenio Garza Sada, dijo la señora: -“Se quedó corto. No solo eran valientes. También eran inteligentes, humanos, estudiosos. Y, principalmente, lo que se buscaba era un México mejor, donde no hubiera desigualdad, corrupción, violaciones a los derechos humanos”… raro método para conseguir el respeto a los derechos humanos, asesinando.
Bueno. Igual nada justifica lo que sufrió la señora.
Ahora, ya en plan de pedir disculpas, habremos de esperar a que alguien, a nombre de la ‘Liga Comunista 23 de Septiembre’, pida disculpas a las familias de los asesinados por la Liga: Fernando Aranguren Castiello, el 19 de octubre de 1973; y en 1974, el 19 de enero, un policía judicial en Culiacán, Sinaloa; el 20 de enero, Raymundo Soberanes Otero; el 27 de enero, un vigilante de Woolworth de México, Chihuahua, Chihuahua; el 14 de febrero, cuatro soldados del Ejército Mexicano en Xalostoc, Estado de México; mismo día dos soldados en Guadalajara; el 1 de abril, dos policías en Nogales, Sonora; el 2 de abril, dos policías bancarios en Monterrey, Nuevo León; el 19 de mayo, un velador en Mazatlán.
Hubo barbaridades de ambos lados. Éticamente son de mucha mayor gravedad las cometidas por los integrantes del gobierno, de eso no hay duda, lo que no atenúa la atrocidades cometidas por quienes decidieron tomar el poder por la vía violenta.
Si tiene ganas de no dormir, léase ‘La noche quedó atrás’, de Jan Valtin (seudónimo de un exactivista de la URSS, Richard Julius Hermann Krebs), para que se entere cómo asumen sin lamentaciones las consecuencias de sus decisiones los que creen en la violencia.
Este gobierno debe un acto de desagravio y un monumento a funcionarios, policías y militares que perdieron la vida y están arriesgándola, defendiendo al país y su seguridad.
En ambos bandos tragedias, cadáveres y mártires, pero solo en un solo lado está la legalidad.
Nuestro gobierno debe abandonar el camino facilón de quedar bien con minorías que libremente decidieron actuar ilícitamente y siguen dispuestas a actuar, en contra de la ley, con furia y sangre.
