* La resolución judicial obliga a empresas vinculadas a Manuel Pariente Gavito, actual secretario de Finanzas, a indemnizar a la víctima, pero el fallo permanece sin ejecución
Redacción / Alfaro Noticias
Han pasado 14 años desde que Verónica Jaquelín Ordóñez Roblero sufrió un atropellamiento en el tramo Tuxtla-Chiapa de Corzo. En 2011, un juez ordenó a las empresas vinculadas a Manuel Pariente Gavito cubrir una reparación integral, pero la sentencia no ha sido ejecutada.
El accidente dejó a Ordóñez Roblero con traumatismo craneoencefálico severo y hemiparesia izquierda, lo que le provocó parálisis parcial y dependencia de cuidados permanentes proporcionados por sus padres, reconocidos también como víctimas indirectas. En ese momento tenía 32 años y una hija de dos años.
El Juzgado de Ejecución de Sentencia “El Amate” determinó que las empresas responsables, Asesoría Comercial de Chiapas S.A. de C.V. y Exclusivas en Tuxtla S.A. de C.V., distribuidoras de la marca Superior, debían cubrir una pensión vitalicia, un salario mínimo mensual para contratar a un cuidador, indemnización por daño moral y compensación por ingresos no percibidos. Hasta la fecha, ninguna de estas medidas ha sido ejecutada.
Hace más de una semana, Verónica y su familia ofrecieron una conferencia de prensa para visibilizar el caso y denunciar la dilación en el pago de su indemnización, que consideran una revictimización. En ese momento no se había dado a conocer públicamente el nombre del funcionario vinculado a las empresas señaladas; actualmente se difundió en redes sociales que se trata del secretario de Finanzas del estado, Manuel Pariente Gavito.
De acuerdo con el abogado de la afectada, Rosember Díaz Pérez, se han promovido diversos recursos legales y el pasado 2 de junio de 2025 se envió un oficio a la Secretaría de Finanzas solicitando la ejecución administrativa del fallo. No obstante, no se ha recibido respuesta ni depósito alguno. Según Díaz Pérez, las empresas han recurrido a amparos y otros mecanismos dilatorios para evitar cumplir con la reparación del daño, mientras la víctima depende de una pensión del IMSS y del apoyo de su familia.
