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Frayba acusa a Fiscalía de fabricar delitos contra comunidades indígenas

Frayba acusa a Fiscalía de fabricar delitos contra comunidades indígenas
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*  Denuncian graves violaciones a los derechos humanos y la criminalización de defensores de derechos.

Redacción / Alfaro Noticias

En un comunicado emitido el 24 de junio de 2024, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha acusado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas de fabricar delitos contra comunidades indígenas. La organización exige la liberación inmediata de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien ha sido detenido desde noviembre de 2022 bajo acusaciones de robo con violencia.

Frayba señala que estas detenciones forman parte de una estrategia represiva que criminaliza la defensa de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas en Chiapas. Desde la implementación del sistema penal acusatorio en 2016, la organización ha documentado un patrón sistemático de fabricación de culpables por parte de la FGE, utilizando montajes y torturas para incriminar a jóvenes, indígenas y activistas sociales.

José Díaz Gómez, indígena Cho’l y campesino, enfrenta un prolongado periodo de prisión preventiva sin pruebas contundentes que respalden las acusaciones en su contra. Frayba denuncia la falta de acceso a un intérprete en su lengua materna y las condiciones de detención como graves violaciones a sus derechos humanos, según las normativas internacionales.

La organización también menciona la existencia de órdenes de aprehensión contra otros cuatro Bases de Apoyo del EZLN, así como casos de detención arbitraria en la región. Estos eventos reflejan, según el Frayba, un patrón de discriminación y violencia estructural contra las comunidades indígenas en México, quienes enfrentan significativas barreras para acceder a la justicia.

El Frayba ha invitado a la sociedad civil en sus comunicados a sumarse a las jornadas por la libertad de los presos políticos en Chiapas, resaltando la necesidad urgente de poner fin a la criminalización y represión ejercida por el Estado mexicano contra quienes defienden los derechos humanos y la justicia social en el país.

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