Edgar Hernández Ramírez
Entrémosle al debate planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la pertinencia de usar la técnica del fracking para la extracción de gas natural. No lo haré desde el ángulo técnico, pues no soy experto; sólo sé que ese método de extracción, según las organizaciones ecologistas, tiene grandes costos en materia ambiental por el uso de altos volúmenes de agua que, combinada con otros aditivos perniciosos, provocan graves problemas de contaminación.
Mi punto de reflexión va más en la ruta de lo político-estratégico. Su pertinencia en el contexto de un proyecto nacional de soberanía energética que fortalezca la autonomía frente a potencias como Estados Unidos, de donde México importa el 75 por ciento del gas que consume. Ahí está la veta –no geológica, sino política– que conviene perforar.
El fracking no sólo fractura formaciones rocosas; también puede fisurar narrativas. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la autosuficiencia energética se convirtió en un eje discursivo central, pero con una línea roja clara: no al fracking. La posible apertura –aunque sea parcial o pragmática– en la administración actual introduce presión en ese yacimiento ideológico. La pregunta es si esa presión generará flujo o ruptura.
Porque el dilema no es menor. Apostar por el fracking como vía para reducir la dependencia externa implica asumir costos políticos internos y redefinir alianzas. En el subsuelo de la estrategia energética se acumulan tensiones: soberanía versus pragmatismo, discurso versus necesidad, identidad política versus urgencia económica.
¿Quién debe efectuar la extracción y explotación de gas? ¿Petróleos Mexicanos? ¿Si intervienen empresas extranjeras, no se pone en riesgo esa soberanía que se busca alcanzar? La interrogante no es técnica, es estructural. Porque si el gas que se extrae en territorio nacional depende de capital, tecnología o logística externa, la soberanía puede terminar siendo apenas una ilusión semántica, una etiqueta nacional sobre una cadena de valor globalizada.
El fracking, en ese sentido, es también una metáfora de la política contemporánea: inyectar presión –financiera, tecnológica, geopolítica– para extraer recursos que, de otro modo, permanecerían inaccesibles. Pero esa presión no es neutra. Puede liberar energía, sí, pero también desestabilizar el terreno.
En términos estratégicos, México enfrenta una paradoja. Mantener la dependencia del gas estadounidense implica una vulnerabilidad estructural; cualquier alteración en precios, políticas comerciales o tensiones diplomáticas puede impactar directamente en la economía nacional. Pero recurrir al fracking abre otro frente: el de la conflictividad interna, tanto ambiental como política.
Es posible que la idea de la presidenta, que se contraponecon la que sostuvo el lopezobradorismo, genere disenso en el grupo gobernante. ¿Si hay fracking en el subsuelo para extraer gas, habrá fractura en el movimiento obradorista? La cohesión política, como las rocas lutitas, puede resistir durante un tiempo, pero bajo suficiente presión termina por ceder.
Además, el debate ocurre en un momento en que la transición energética global empuja hacia energías limpias. Apostar por el gas –aunque sea como combustible temporal– puede interpretarse como una estrategia de corto plazo que posterga decisiones más profundas. Es, en términos geológicos, extraer del pasado para sostener el presente, mientras el futuro exige otro tipo de respuesta.
Sin embargo, desestimar el fracking sin considerar la realidad energética del país también sería un gesto retórico vacío. La soberanía no se construye sólo con principios, sino con capacidades. Y hoy, la capacidad de México para garantizar su propio abasto de gas es limitada.
El punto, entonces, no es simplemente estar a favor o en contra del fracking, sino entender qué tipo de soberanía se busca. ¿Una soberanía discursiva, sostenida en la negativa simbólica? ¿O una soberanía operativa, capaz de tomar decisiones incómodas para reducir dependencias estructurales?
En el fondo, el debate no trata sólo de gas, sino de poder; de quién controla los recursos, de quién define las reglas y de quién asume los costos. Como en toda perforación, lo que está en juego no es únicamente lo que se extrae, sino lo que se altera en el proceso.
México está, otra vez, frente a una encrucijada. Perforar o no perforar no es la pregunta de fondo. La verdadera cuestión es qué tan profundas serán las fracturas –energéticas, políticas y sociales–
que está dispuesto a provocar para redefinir su lugar en el mapa de la soberanía.
