Sr. López
No sé usted, pero este menda de niño, tuvo no pocos malos pensamientos resultado de haber sido educado con el ‘Reglamento Práctico de la Matrona Mexicanensis’, manual de arbitrariedades compuesto por múltiples normas como “ayer sí, hoy no”, que se resumían en una sola máxima: “Porque lo digo yo”. Ya luego, tiene uno sus hijos y descubre que hay veces en las que… bueno, sí, “porque lo digo yo”.
El Presidente tiene un problema, un problema serio: no entiende qué es la ley. Por lo mismo, México tiene un problema: tiene un Presidente que no entiende qué es la ley. Y tómese en cuenta para calibrar el tamaño de la bronca en que estamos, que lo ÚNICO que juró al asumir el cargo fue cumplir y hacer cumplir la ley.
El Presidente de nuestro país (que sigue siendo nuestro, el país), desdeña el Derecho y ha dicho en varias ocasiones que él busca la Justicia y que en la contradicción entre Derecho y Justicia, prefiere la Justicia, cosa que no suena mal mientras no se sufra en carne propia un atropello oficial, contra la ley, contra el Derecho; cosa que no suena mal en torno de una mesa de cantina pero del todo impropia en voz del titular del Poder Ejecutivo, absolutamente ajeno al Poder Judicial, el responsable de aplicar el Derecho y hacer justicia.
Aparte de toda otra consideración, debe decirse antes que nada, que es falsa la posible contradicción entre Derecho y Justicia: son coprincipios, sin uno no hay el otro. La Justicia es lo que se hace conforme al Derecho, la ley, la razón.
El viernes pasado el Presidente planteó la diferencia que tiene con el senador Ricardo Monreal por este asunto, atribuyéndolo a que él tiene formación universitaria en Ciencias Sociales, en tanto que el senador, en Derecho. ¡Vaya!, ahora resulta que los abogados no saben que el Derecho no es un fin sino un medio, instrumento de acceso a la Justicia, esta sí, un fin en sí misma.
No es asunto menor, el Presidente, el 26 de noviembre del año pasado, públicamente ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desobedecer los mandatos de los jueces y mantener en prisión a quienes se haya dictado su libertad (poquita cosa), cuando tenga “otros datos”, lo que, por cierto, es delito según la fracción XVI del artículo 225 del Código Penal Federal: “(Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes): (…) XVI. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un detenido”. Aunque, claro, el mismo Presidente se ha exentado a sí mismo del cumplimiento de la ley cuando declaró muy orondo el 6 de abril de 2022: “(…) no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
Y la ley no es cuento y sí, la ley es la ley. Asombra la confusión manifiesta de ideas de que hace gala el Presidente. El Derecho es la estructura de normas y principios, dirigidos a la obtención de la Justicia y el orden social. La voz ‘Derecho’ proviene del latín ‘directum’, directo, derecho, precisamente lo que está conforme a la ley, a la norma, la costumbre. Y dada la infinita complejidad de la realidad es que se recurre a diversas
fuentes de Derecho y a la irremplazable e indispensable labor de los jueces encargados de buscar hacer Justicia en cada caso.
El planteamiento presidencial puede parecerle a algún compasivo tenochca simplex, una muestra más de su romanticismo y bondad: entre Justicia y Derecho, ¡Justicia! Pero no es tan simple y el Presidente no es un candoroso sembrador del Bien. No, en la dialéctica a machete de la 4T, los defensores de la ley son conservadores y por eso mismo, enemigos de la “revolución pacífica” que por sus pistolas han decidido imponer al país para transformarlo en lo que hasta ahora solo el Presidente sabe qué es; en tanto que ellos, los amantísimos predicadores de la Justicia, no deben encontrar obstáculos a su noble afán, en la ley ni en el Derecho, sin darse cuenta que nos están proponiendo que ya no sea el Derecho lo que decide qué es justo, sino el Presidente que sumaría a su carácter de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el de Supremo Juez y fuente única de Derecho que decide lo que es justo.
Que la ley y el Derecho son la pauta segura para el buen gobierno no es ninguna novedad que debamos comprender no le hayan informado todavía al Presidente. Ya desde hace más de cuatro mil años, se grabó en piedra el Código Nammu, del rey Ur, en Mesopotamia; y hace tres mil 700 años, existe el Código de Hammurabi (que contiene el precepto de la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, por cierto). Y el texto legal más influyente de la historia de la humanidad, el romano ‘Corpus Juris Civilis’ (‘Cuerpo del Derecho Civil’), se publicó a principios del siglo VI, por orden del emperador Justiniano (que por solo eso se aseguró su lugar en la historia).
Si estar al tanto de documentos tan viejos, es demasiado pedir, entonces recurramos a nuestra tradición (nuestra aunque le duela a algunos nacionalistas chancla pata de gallo, suela de llanta): el rey de Castilla, León y Galicia, Alfonso X el Sabio (1221-1284), ordenó compilar, escribir y publicar por ahí del año 1265, el ‘Livro de las legies’ (Libro de las Leyes), conocido desde el siglo XIV como ‘Las siete partidas’, por estar dividido (partido), en siete partes.
Por cierto, en ‘Las siete partidas’, Parte II, Título XXI, Ley IV, dice: “Los caballeros deben poseer cuatro virtudes principales (…) a saber, prudencia, fortaleza, templanza y justicia”. Bueno, los caballeros sí.
Como sea, lo que es una verdad universal es que es imposible gobernar sin apego a la ley, sin Derecho, dejando todo a las ocurrencias del poder.
En fin, no pasa nada. Contra todo, seguimos teniendo Poder Judicial y una robusta Suprema Corte de Justicia de la Nación (no de Derecho, de Justicia). Y nos preocupemos de más por palabras vanas, ‘flatus vocis’ como se les llama en latín (y de ‘flatus’, viene flato, flatulencia).
