* Autoridades federales y comunidades señalan impactos ambientales, económicos y posibles riesgos a la salud tras el incidente
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) participará en la investigación del derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México, al señalar que existen elementos para considerarlo un posible delito.
De acuerdo con la mandataria, el incidente habría sido provocado por un barco de una empresa privada, y no por Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque esta última se encuentra colaborando en las labores de limpieza tanto en aguas marinas como en playas de Veracruz y Tabasco. También participan la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Sheinbaum indicó que se instruyó al titular de Pemex a supervisar directamente las acciones en la zona y evaluar la necesidad de reforzar los recursos destinados a la contención y limpieza del derrame. Añadió que, en caso de confirmarse la responsabilidad de la empresa involucrada, esta deberá asumir los costos por los daños ocasionados, incluidos los impactos a pescadores y prestadores de servicios.
En paralelo, habitantes del sur de Veracruz han reportado afectaciones a la salud presuntamente vinculadas al consumo de productos del mar contaminados. De acuerdo con testimonios locales, se han registrado casos de malestares como vómito, diarrea y dolor abdominal tras ingerir pescado y mariscos capturados en zonas impactadas.
Pobladores señalaron que, ante la falta de apoyos económicos, algunas personas dedicadas a la pesca continúan con sus actividades, lo que podría implicar la comercialización de productos contaminados. También indicaron que no se han difundido resultados de análisis sobre la calidad del agua, ni sobre las condiciones de la fauna y flora en áreas afectadas.
Asimismo, se reportó que los residuos de hidrocarburo continúan llegando a las costas, mientras que trabajadores contratados para labores de limpieza señalaron la falta de equipo de protección adecuado y retrasos en pagos.
De acuerdo con información local, la afectación inició a principios de marzo en municipios como Pajapan y posteriormente se extendió a otras zonas costeras del estado. Ante ello, habitantes han presentado denuncias ante instancias federales en materia ambiental y energética.
Las autoridades federales mantienen las investigaciones para determinar responsabilidades, mientras continúan las labores de limpieza y la evaluación de los impactos ambientales y sociales derivados del derrame.
