* Calificó como improcedentes las suspensiones judiciales contra la reforma que regula la elección de jueces, afirmando que no tienen sustento legal.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “sin sustento legal” las suspensiones emitidas por jueces para frenar la reforma judicial que regula la elección de jueces, prevista para el 1 de junio de 2025. En conferencia de prensa, el legislador afirmó que la Ley de Amparo no permite impugnar reformas constitucionales ni procesos electorales, por lo que aseguró que estas acciones buscan descarrilar el proceso.
“El amparo no procede contra reformas constitucionales. Es gravísimo imaginar que una elección presidencial pudiera detenerse de esta manera, lo que pondría al país en una crisis enorme. Estas suspensiones son ilegales y reflejan una negligencia evidente del Poder Judicial”, señaló Fernández Noroña.
El legislador también cuestionó la formación jurídica de los jueces que han otorgado estas suspensiones, sugiriendo que deberían revisar sus conocimientos legales. “La reforma ya es parte de la Constitución, y la Ley de Amparo lo deja claro: no se pueden detener procesos de esta naturaleza. Parece que la Escuela Judicial debe reevaluar sus planes de estudio”, añadió.
Tras la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de detener el proceso electoral en cumplimiento de los amparos, Fernández Noroña anunció que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo atraerá a los aspirantes que previamente se registraron en el Judicial. Esto, dijo, garantizará que nadie quede fuera del proceso por la negligencia del sistema judicial.
“La elección de las personas juzgadoras va. Las y los jueces tienen pase directo, pero sería inaceptable que las personas que se registraron de buena fe en el Poder Judicial queden excluidas por estas irregularidades. Nos aseguraremos de que puedan participar en el proceso electoral”, afirmó.
Finalmente, el senador recordó que la Constitución otorga a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política del Senado la facultad de resolver problemas no previstos en la implementación de reformas. Con esto, aseguró que el proceso del 1 de junio de 2025 se llevará a cabo conforme a lo planeado, y las candidaturas se definirán a través de insaculación, tal como establece la reforma judicial.
