* Solicitan la aplicación de la ley y el apoyo de la Diócesis de San Cristóbal para establecer una mesa de diálogo.
Daniela Alfaro
Los familiares de las 18 personas desaparecidas el 26 de julio de 2021 en el municipio de Pantelhó, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se aplique la ley y se detenga a los responsables de la desaparición forzada. A través de un comunicado, expresaron su preocupación por la falta de avances en las investigaciones y exigieron justicia para sus seres queridos.
Las víctimas, que fueron desaparecidas por el grupo criminal conocido como “El Machete”, han dejado una comunidad profundamente afectada. Los familiares de los desaparecidos acusaron a las autoridades de omisión, al tiempo que pidieron a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas que intervenga en el caso, solicitando una mesa de diálogo para promover la justicia y la paz en la región.
En respuesta a las declaraciones del obispo Rodrigo Aguilar Martínez, quien se refirió a los detenidos en el caso como “inocentes”, los familiares de las víctimas manifestaron su desacuerdo. Explicaron que las pruebas presentadas en el proceso judicial son claras y que, a pesar de ello, algunas personas continúan protegiendo a los presuntos responsables. Los familiares pidieron al obispo que se abstuviera de emitir juicios sin conocimiento de causa y que apoyara la búsqueda de justicia.
La situación en Pantelhó se ha agravado con el desplazamiento forzado de muchas familias debido a la violencia relacionada con la lucha por el control del municipio. Las comunidades indígenas tsotsiles y tzeltales, como las de San José Tercero, han tenido que abandonar sus hogares y pertenencias, enfrentando condiciones de vulnerabilidad y miedo.
Los desplazados denunciaron que el control de la región está en manos de grupos criminales, lo que ha exacerbado las tensiones y creado un ambiente de inseguridad. Los afectados pidieron a las autoridades estatales y federales que tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad y facilitar su retorno a sus hogares.
Finalmente, los familiares de las víctimas de desaparición forzada insistieron en la necesidad de que el gobierno de Chiapas y el gobierno federal trabajen juntos para desarticular a los grupos criminales y garantizar justicia. Aseguraron que seguirán luchando hasta que los responsables de las desapariciones sean llevados ante la justicia, y pidieron que se les garantice el derecho a la paz, la seguridad y el retorno a una vida digna.
