* El Grupo Pakal es señalado por los familiares de Díaz Montejo de haber cometido abuso al arrestarlo bajo cargos que consideran fabricados.
Redacción / Alfaro Noticias
Familiares y compañeros activistas de Juan Díaz Montejo, dirigente social y defensor de derechos indígenas, realizaron una protesta este lunes frente al Congreso del Estado para exigir su liberación inmediata. Díaz Montejo fue detenido el pasado 17 de diciembre de 2024 en Comitán de Domínguez por fuerzas de la Fiscalía General del Estado, y desde entonces se encuentra recluido en prisión preventiva, acusado de delitos que sus allegados califican como fabricados.
En el marco de la manifestación, los familiares denunciaron lo que consideran una persecución política contra Díaz Montejo, quien ya había enfrentado acusaciones similares en el pasado. En un comunicado de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo – Base México, se exigió al gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar su liberación, así como garantías de seguridad para su integridad dentro de la prisión, donde aseguran que su salud se ha visto afectada debido a su condición de diabetes.
Los manifestantes sostienen que la detención de Díaz Montejo responde a una estrategia de criminalización de luchadores sociales, especialmente aquellos que defienden los derechos de las comunidades indígenas. Subrayan que el abogado y líder social ha sido un defensor activo de los pueblos originarios y que su encarcelamiento es un intento por silenciar su voz en defensa de los derechos humanos.
La postura del gobernador Ramírez Aguilar, quien ha señalado que no liberará a quienes considere “delincuentes”, ha sido motivo de indignación entre quienes apoyan a Díaz Montejo. A pesar de las peticiones de libertad, el gobierno estatal ha insistido en que la ley debe seguir su curso. La falta de pruebas en contra del detenido, según sus familiares y defensores, refuerza la narrativa de una detención injusta y arbitraria.
Organizaciones sociales y activistas indígenas han alzado la voz en contra de lo que califican como una violación de derechos humanos. A este clamor se ha sumado también la crítica al Grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes participaron en el operativo de captura, y han sido señalados por abusos en el proceso de detención del líder social.
A 21 días de la detención, los activistas han señalado que no se han obtenido avances sustanciales en el caso y que la Fiscalía General del Estado aún no ha entregado la carpeta de investigación, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro judicial del detenido. Para el 13 de enero de 2025, está programada una nueva reunión con funcionarios del gobierno estatal, en busca de respuestas y una resolución para este caso.
