* A más de cinco décadas de los hechos, colectivos denuncian impunidad y piden a la presidenta que reconozca la responsabilidad del Ejército en las ejecuciones
Campesinos y familiares de personas asesinadas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum la entrega de los restos de dos víctimas exhumadas en 2023 y que aún no han sido entregados, así como la apertura de archivos militares y avances en la judicialización de responsables de violaciones a derechos humanos cometidas durante la llamada guerra sucia.
En conferencia de prensa, los colectivos recordaron que en octubre de 2024 fueron identificados cinco campesinos asesinados en 1974 en comunidades como Los Espadines, Las Desdichas y Cerrito del Águila, gracias a pruebas de ADN aplicadas por la Fiscalía General de Guerrero y la Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, señalaron que aún quedan dos cuerpos pendientes de identificación y entrega, correspondientes a Eduviges Ovillada Ortiz y Francisco Rojas Nazario.
Las organizaciones participantes, entre ellas la Asociación Representativa de Comunidades y Ejidos Víctimas de Derechos Humanos y el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados, denunciaron que la Fiscalía General de la República ha mantenido un proceso lento y con escasos resultados, lo que calificaron como una simulación que prolonga la impunidad a más de 50 años de los hechos.
De acuerdo con los testimonios recabados, las víctimas fueron ejecutadas por elementos del Ejército Mexicano durante operativos de contrainsurgencia en la década de 1970, lo que colectivos y familiares señalan como crímenes de lesa humanidad. También exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional que reconozca oficialmente estos hechos y entregue la información sobre otras prácticas atribuidas a las fuerzas armadas, como los llamados “vuelos de la muerte”.
Los familiares insistieron en que la reparación integral del daño y el castigo a los responsables siguen siendo demandas pendientes, y solicitaron una audiencia directa con la presidenta para que, en su calidad de jefa suprema de las fuerzas armadas, dé una respuesta clara a las exigencias de justicia, verdad y memoria de las comunidades afectadas en Guerrero.
