* La hija del detenido asegura que fue víctima de un operativo irregular; autoridades estatales confirman que enfrenta un proceso legal y el gobernador afirma que se respetarán sus derechos
Redacción / Alfaro Noticias
A dos días de la detención del defensor de migrantes Luis Rey García Villagrán, su hija y diversas organizaciones de derechos humanos cuestionaron los señalamientos en su contra y pidieron garantizar su integridad y el debido proceso.
En un mensaje público, la hija del coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C. aseguró que las acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de personas carecen de sustento, y que su arresto busca silenciar las denuncias que el activista hizo recientemente sobre presunta corrupción en el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Recordó que su padre acompañó caravanas migrantes sin cobrar por su labor y que ya estuvo encarcelado durante 12 años por cargos que, afirmó, fueron fabricados.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y el Servicio Jesuita a Refugiados, expresaron que el caso forma parte de un patrón de criminalización contra personas que defienden a migrantes, en un contexto de endurecimiento de políticas migratorias. También criticaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que García Villagrán “no es un activista”, por considerar que afectan la presunción de inocencia.
Por su parte, el gobernador, Eduardo Ramírez, respaldó la versión oficial y afirmó que el detenido habría impulsado caravanas migrantes de manera orquestada como parte de una red internacional de tráfico de personas que opera desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, según sus investigaciones, García Villagrán facilitaba documentación falsa y utilizaba organizaciones de apoyo a migrantes como fachada para el traslado irregular de personas y la distribución de drogas. El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República, que definirá la situación jurídica del detenido.
