* Los parientes de Daniel y Camerino Muñoz aseguran tener pruebas que contradicen el reporte de la Fiscalía; hasta ahora no se ha informado el avance de la investigación
Redacción / Alfaro Noticias
A casi un mes de la detención de Daniel Muñoz Vargas y Camerino Muñoz Osorio, la familia de los dos hombres continúa denunciando irregularidades en el operativo realizado el 13 de octubre en el rancho “Los Maximilianos”, en el municipio de Cintalapa, y exige que la Fiscalía General del Estado revise la legalidad de las actuaciones y el proceso penal en su contra.
De acuerdo con la versión familiar, el operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía, Policía de Investigación, Guardia Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) se llevó a cabo sin orden judicial y con uso excesivo de la fuerza. Sostienen que los agentes irrumpieron en el rancho, golpearon a Daniel Muñoz y aseguraron a Camerino minutos más tarde, pese a que no existía mandamiento judicial ni flagrancia, según afirman.
Los familiares aseguran contar con material videográfico donde se observa la presencia de las corporaciones en el rancho horas antes del horario señalado por la Fiscalía en su informe. Dichos videos, difundidos en redes sociales, muestran el área asegurada con sellos ministeriales y testimonios de los parientes que denuncian tortura, robo de equipos de comunicación y destrucción de bienes.
Por su parte, la Fiscalía mantiene que los hermanos fueron detenidos luego de ser identificados por un testigo como presuntos responsables del incendio de vehículos en el tramo carretero Ocozocoautla–Cintalapa, y que al ser interceptados en las inmediaciones del rancho Los Maximilianos portaban armas de fuego.
La familia sostiene que esa versión presenta inconsistencias en las horas y en el lugar de la detención, y pide que se analicen los videos y testimonios presentados durante la audiencia, en la que ambos fueron vinculados a proceso.
En redes sociales, los allegados a los Muñoz han reiterado su exigencia de justicia y han solicitado la intervención de las autoridades estatales para que se garantice el debido proceso. Señalan además que continúan enfrentando dificultades económicas para sostener la defensa y cuidar el rancho, actualmente bajo resguardo ministerial.
