Fallas institucionales en búsqueda de personas desaparecidas y en el sistema penitenciario
* Durante una conferencia en el marco del 8M, la colectiva Cereza señaló rezagos en la búsqueda de desaparecidos, irregularidades judiciales y presuntas violaciones a derechos humanos en centros penitenciarios
Redacción / Alfaro Noticias
En el marco del Día Internacional de la Mujer, familiares de personas desaparecidas y defensoras de derechos humanos denunciaron obstáculos en el acceso a la justicia en la entidad, así como presuntas violaciones a derechos humanos dentro de centros penitenciarios del estado.
Durante una conferencia organizada por la Colectiva Cereza, realizada en San Cristóbal de Las Casas, madres, hijas y hermanas de personas desaparecidas expusieron que la búsqueda de sus familiares continúa enfrentando limitaciones institucionales, pese a que la legislación establece la obligación de las autoridades de coordinarse para realizar planes de investigación y localización.
Las participantes señalaron que las acciones de búsqueda con vida deben partir de la información contenida en las carpetas de investigación y contar con la colaboración de fiscalías y comisiones de búsqueda de distintos estados. Indicaron que, ante la falta de resultados, han impulsado por su cuenta estrategias como la difusión de fichas y la coordinación con colectivos de otras entidades.
De acuerdo con lo expuesto, la mayoría de las llamadas que reciben las familias tras difundir fichas de búsqueda resultan ser intentos de extorsión, mientras que sólo en pocos casos aportan información útil. Por ello hicieron un llamado a la ciudadanía a proporcionar datos de forma anónima cuando cuenten con información que pueda ayudar a localizar a personas desaparecidas.
Durante la conferencia también se refirieron a un amparo colectivo promovido en 2023 ante un juzgado federal con sede en Tuxtla Gutiérrez, el cual involucra a 17 víctimas directas e indirectas de desaparición en el estado. Según explicaron, la resolución judicial reconoce la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad y establece diversas obligaciones para autoridades estatales y federales en materia de búsqueda, investigación y reparación del daño.
Entre las medidas señaladas se encuentran la intervención de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la obligación de fortalecer el sistema estatal de búsqueda y conformar el Consejo Ciudadano correspondiente. Las participantes consideraron que esta resolución puede convertirse en una herramienta jurídica para exigir el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades.
Las organizaciones también abordaron la situación de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de Chiapas, donde, afirmaron, persisten condiciones que consideran contrarias a los derechos humanos. Entre los señalamientos mencionaron presuntas deficiencias en la atención médica, carencias en la alimentación, falta de acceso suficiente al agua y problemas de sobrepoblación.
Asimismo, criticaron la suspensión de visitas generales desde junio de 2025, medida que afecta el derecho de las personas privadas de la libertad a mantener vínculos familiares y sociales, según destacaron.
Durante la conferencia se recordó el caso de Génesis, una mujer que falleció en agosto pasado dentro del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 5, presuntamente tras sufrir una crisis asmática sin recibir atención médica oportuna. De acuerdo con lo expuesto, internas del centro penitenciario solicitaron a la fiscalía investigar el caso mediante una carta colectiva.
Las participantes también denunciaron que, tras la entrega del documento, dos mujeres privadas de la libertad fueron trasladadas a otros centros penitenciarios, situación que consideraron una represalia por haber denunciado las condiciones dentro del penal.
Finalmente, las defensoras hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y a las autoridades encargadas del sistema penitenciario para investigar las denuncias, garantizar procesos judiciales con perspectiva de género e interculturalidad, y mejorar las condiciones en los centros de reclusión.
De acuerdo con los datos citados durante la conferencia, las cifras presentadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y de reportes de prensa basados en información oficial actualizada al 27 de febrero de 2026.
