* Colectivos y activistas llaman a evitar la criminalización anticipada y garantizan la presunción de inocencia ante la audiencia de vinculación a proceso de Luis García Villagrán
Redacción / Alfaro Noticias
Diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación ante la audiencia de vinculación a proceso que enfrentará Luis García Villagrán, activista defensor de personas migrantes detenido el pasado 5 de agosto en Tapachula, Chiapas. Se le imputa el delito de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas, acusación que ha sido rechazada por sus aliados quienes exigen que se garantice un proceso justo y respetuoso de sus derechos.
Los colectivos denunciaron que la criminalización de García Villagrán inició incluso desde declaraciones oficiales previas a que el caso sea juzgado, lo que vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia y ejerce una presión indebida sobre el proceso judicial. Destacaron que el activista ha dedicado años a la defensa de personas migrantes y es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2019, debido a las amenazas que ha recibido por su labor.
El arresto se produjo justo antes del inicio de una caravana migrante en Tapachula que busca denunciar la falta de respuestas institucionales para la regularización migratoria. En este marco, los defensores de derechos humanos alertaron que el caso es parte de un patrón global que equipara la asistencia a personas vulnerables con actividades delictivas, lo cual pone en riesgo el ejercicio legítimo de la defensa de derechos y la denuncia de injusticias.
Por ello, las organizaciones demandan que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial actúen con total independencia y apego a derecho, garantizando un debido proceso sin estigmatización mediática ni interferencias externas. Asimismo, solicitan la libertad inmediata de Luis García Villagrán si no se presentan pruebas contundentes que justifiquen su detención, y que se asegure la protección de su integridad física y moral.
Finalmente, insisten en que se respete el derecho legítimo a la defensa de los derechos humanos y que no se utilice la justicia como un mecanismo para inhibir la labor de activistas y defensores en contextos vulnerables.
