* Diversas organizaciones documentan tortura, violaciones al debido proceso y más de catorce años de prisión preventiva contra Osmán Iván Rubio Bonilla
Redacción / Alfaro Noticias
Colectivos de Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales pidieron al Poder Judicial del estado ordenar la liberación inmediata de Osmán Iván Rubio Bonilla, ciudadano hondureño detenido en 2011 en Huixtla bajo un operativo policial que, de acuerdo con documentación oficial, incluyó tortura, detención arbitraria y confesiones obtenidas bajo coacción. A pesar de haber sido absuelto del delito de homicidio en noviembre de 2025, el migrante continúa recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 7 de Tapachula por otros procesos penales abiertos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la Organización Mundial Contra la Tortura señalaron que Rubio permanece en prisión preventiva desde hace casi quince años, en procedimientos que, afirmaron, presentan irregularidades como fabricación de pruebas, contradicciones en partes policiales y ausencia de investigación efectiva sobre las agresiones denunciadas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró en 2020 lesiones compatibles con tortura y emitió una recomendación que fue rechazada por autoridades estatales.
De acuerdo con los expedientes, los cargos que se mantienen activos derivan de declaraciones obtenidas durante su detención, en la que el migrante fue golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas y obligado a autoinculparse en diversos delitos. Una causa federal por portación de arma fue resuelta a su favor en 2014, mientras que el proceso por homicidio, resuelto en su contra en 2023, fue revisado y finalmente absuelto en 2025.
Las organizaciones advirtieron que el caso refleja prácticas persistentes de racismo institucional y falta de garantías procesales hacia personas migrantes, pues Rubio no contó con asistencia consular y ha enfrentado retrasos prolongados en las investigaciones. Recordaron además que, desde 2024, su situación fue presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, expediente que continúa en trámite.
El Frayba y la OMCT pidieron a los gobiernos estatal y federal garantizar una indagación imparcial sobre la tortura denunciada y reparar las violaciones acumuladas durante más de una década de proceso judicial. Subrayaron que la permanencia del migrante en prisión prolonga un escenario de impunidad que, aseguraron, afecta a otras personas detenidas en condiciones similares.
