* Rescatistas y activistas denunciaron una aplicación desigual de la ley y pidieron reactivar el caso de Rambo, el perro lastimado en la colonia Las Granjas
Redacción / Alfaro Noticias
En Tuxtla Gutiérrez, rescatistas, activistas y colectivas de protección animal realizaron una marcha pacífica para demandar sanciones efectivas en casos de maltrato y para exigir que continúe el proceso legal por la agresión contra Rambo, el perro que fue arrojado desde un balcón durante un desalojo en la colonia Las Granjas.
Durante la movilización, las organizaciones señalaron que persiste una brecha entre el discurso institucional y la respuesta real frente a la violencia hacia animales. Indicaron que, pese a que la legislación estatal contempla castigos penales, el caso de Rambo fue cerrado luego de una disculpa pública de la presunta responsable, identificada como Olga “N”.
Las y los participantes reclamaron que esta resolución contrasta con la actuación de las autoridades en otros municipios del estado. Como ejemplo, mencionaron la reciente detención en Tapachula de un hombre acusado de atacar con un machete a una perrita y a sus crías, hecho que generó un operativo inmediato coordinado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado.
En el caso de Tuxtla, apuntaron que la liberación de la señalada ha generado inconformidad debido a que existe evidencia videograbada y testimonios que acreditan la agresión. Por ello, exigieron que la Fiscalía retome el expediente y garantice una investigación completa, así como sanciones acordes con la normatividad vigente.
Las colectivas recordaron que la marcha busca no solo justicia para Rambo, sino también visibilizar la necesidad de políticas públicas y acciones sostenidas que prevengan el maltrato y atiendan con seriedad las denuncias. También destacaron que este tipo de hechos suelen ser denunciados por rescatistas sin apoyo institucional, por lo que pidieron mayor acompañamiento y voluntad política.
Las organizaciones reafirmaron que continuarán promoviendo la denuncia ciudadana y la vigilancia de los procesos legales, al considerar que la violencia contra animales requiere respuestas consistentes y que ningún caso debe quedar impune.
