* Una investigación periodística documentó la participación de exservidores públicos y empresas mexicanas en operaciones de reventa de crudo de PDVSA para evadir sanciones internacionales
Una investigación periodística reveló que exfuncionarios del gobierno mexicano, así como empresas constituidas en el país, estuvieron vinculados a un esquema de reventa de petróleo venezolano diseñado para eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro, lo que derivó en castigos económicos dictados por el Departamento del Tesoro.
De acuerdo con el reportaje publicado por EMEEQUIS, antiguos servidores públicos de áreas como la Presidencia de la República, Petróleos Mexicanos y el sistema aduanero aparecen relacionados, mediante participaciones accionarias y cargos directivos, con empresas que operaron dentro de la estructura financiera encabezada por Joaquín Leal Jiménez, señalado por autoridades estadounidenses como operador clave del esquema.
Las investigaciones del Departamento del Tesoro, el FBI y trabajos periodísticos conjuntos de El País México y Armando.info indican que las operaciones involucraron la reventa de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en al menos 30 países, con un valor estimado de 300 millones de dólares. El mecanismo se originó en 2019 bajo la figura de un intercambio humanitario, pero evolucionó hacia un sistema para colocar petróleo venezolano en el mercado internacional, pese a las sanciones vigentes desde enero de ese año.
En el centro del caso se encuentran las empresas mexicanas Schlager Business Group (SBG) y Libre Abordo, las cuales firmaron en julio de 2019 un acuerdo con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). El convenio contemplaba el envío de alimentos y equipo a Venezuela a cambio de aproximadamente dos millones de barriles de crudo, aunque posteriormente fue identificado por autoridades estadounidenses como un esquema de evasión de sanciones.
Entre los perfiles señalados figura Azereth Sandate Kuri, exfuncionaria de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente integrante del Órgano Interno de Control de Pemex, quien aparece como accionista y directiva de SBG. En el caso de Libre Abordo, se documenta la participación de Karen Isabel Vergara Olvera y Pedro Trejo Vargas, ambos con antecedentes en áreas de comercio exterior y aduanas del gobierno federal.
Las investigaciones también señalan que Joaquín Leal Jiménez representó los intereses de ambas empresas ante autoridades venezolanas. Reportajes adicionales refieren que el operador sostuvo reuniones previas con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de concretarse el acuerdo con Corpovex, lo que fue interpretado como un respaldo institucional al proyecto.
En junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Libre Abordo, Schlager Business Group, Joaquín Leal Jiménez y a personas relacionadas con la operación, al considerar que asistieron a PDVSA en la evasión de sanciones internacionales. Las medidas incluyeron el bloqueo de bienes y la prohibición de realizar transacciones con personas o entidades estadounidenses.
