* La Secretaría Anticorrupción confirmó avances en el procedimiento derivado de las minutas acordadas con Madres en Resistencia.
Redacción / Alfaro Noticias
La investigación administrativa relacionada con la muerte de la atleta de 13 años, Jade Guadalupe Yuing Gómez, avanza como parte de los compromisos establecidos en la minuta firmada el pasado 9 de octubre entre la colectiva Madres en Resistencia y la Fiscalía General del Estado (FGE).
La exdirectora del Instituto del Deporte (Indeporte) de Chiapas, Tania Robles, podría ser inhabilitada hasta por diez años del servicio público, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectara presuntas responsabilidades administrativas en el caso de la joven deportista, quien murió en 2020 dentro de las instalaciones del organismo estatal.
La titular de la dependencia, Ana Laura Romero Basurto, informó en una conferencia el día de hoy que el procedimiento fue presentado ante el Tribunal Administrativo del Estado, donde se solicitaron sanciones contra Robles y tres exfuncionarios por presunto abuso de funciones y encubrimiento. Explicó que las audiencias se realizaron este mes, aunque solo la exdirectora acudió a comparecer.
De acuerdo con el informe, las irregularidades detectadas incluyen la falta de personal de vigilancia y la ausencia de protocolos de emergencia en el instituto, a pesar de tratarse de un espacio donde niñas y adolescentes permanecían durante largas jornadas. Estas omisiones, señaló Romero Basurto, derivaron en la muerte de Jade Yuing, quien formaba parte del programa de internado del Indeporte.
Durante la misma conferencia, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca presentó avances en el cumplimiento de la minuta firmada con Madres en Resistencia, colectivo que mantiene un plantón frente a la FGE desde principios de octubre.
El fiscal explicó que entre los compromisos asumidos se encuentra el seguimiento a las denuncias por presuntos intentos de desalojo y a las investigaciones relacionadas con feminicidios y desapariciones en la entidad.
Aseguró que la institución no ha ordenado ningún desalojo contra las manifestantes, aunque reconoció que continúan las investigaciones sobre el operativo del 7 de octubre, en el que participaron elementos de Seguridad Pública Municipal.
