Exclusión de grupos vulnerables y denuncias de favoritismo en el inicio de la elección judicial
* El TEPJF rechaza acciones afirmativas para grupos vulnerables en la elección judicial 2025, mientras surgen denuncias de registro irregular de aspirantes vinculados a Morena.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó los recursos que exigían acciones afirmativas para garantizar la representatividad de grupos vulnerables en la próxima elección judicial. La resolución, emitida el pasado 22 de noviembre, determinó que no existe un mandato constitucional que obligue a implementar estas medidas en el proceso, dejando fuera a poblaciones como la diversidad sexual, indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad.
Activistas y organizaciones civiles señalaron que la decisión contradice la jurisprudencia 1/2024, emitida por la misma Sala Superior, que establece como un deber constitucional adoptar medidas para garantizar la igualdad de derechos político-electorales de grupos históricamente discriminados. Entre los recursos presentados se encontraban 25 juicios y acciones legales promovidos en 14 estados, los cuales fueron desechados por los magistrados en una votación dividida.
Los promotores de estas iniciativas lamentaron que el fallo deja sin medios efectivos para defender derechos humanos en materia electoral. Honorio Josué Nava, activista y vocero de México Igualitario, criticó la postura del Tribunal, señalando que las autoridades utilizaron una interpretación restrictiva del marco de derechos humanos. También anunció que recurrirán a amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En paralelo, la elección judicial enfrenta señalamientos de prácticas cuestionables. Este martes se difundió un audio en el que una diputada de Morena en Michoacán urgía a personas a registrarse como candidatos, pidiendo enviar los folios directamente al partido. El incidente ha alimentado las críticas de trabajadores judiciales, quienes denuncian intromisión del Ejecutivo en el proceso, lo que consideran un intento de Morena por posicionar a sus aspirantes en los comités evaluadores.
El registro de candidaturas para los 386 cargos de jueces y 464 magistraturas cerró el pasado 24 de noviembre con un total de 18 mil 447 aspirantes. De estos, 106 personas se identificaron como no binarias, un dato que los activistas consideran un avance, aunque insuficiente para garantizar representatividad en los cargos. Según Nava, nunca ha habido un juez o ministro indígena, con discapacidad o no binario en el Poder Judicial.
Mientras tanto, organizaciones civiles mantienen comunicación con el Instituto Nacional Electoral (INE) en busca de emitir acciones afirmativas antes de que comience la selección oficial de candidaturas. Sin embargo, los activistas advierten que, de no lograrse estos cambios, se perpetuará la exclusión estructural de grupos vulnerables en el Poder Judicial, dejando su representación como un tema pendiente para futuras reformas.
